La gestión de Milei recortó 63.000 millones al Ministerio de Salud a través de la Decisión Administrativa 20/2026, que afectó a diversas áreas con el argumento de alcanzar el superávit fiscal. El ajuste que Luis Caputo ordenó a los ministerios para mantener el superávit fiscal -corazón del plan económico libertario- impactó en la cartera de Salud, que lo tiene a Mario Lugones a la cabeza, con un recorte de $63.000 millones en total en distintas partidas. Una de ellas, de las más sensibles, es la de investigación, prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, con una baja de $5000 millones, según datos oficiales que surgen de la Decisión Administrativa 20/2026 publicada esta semana en el Boletín Oficial.
El ajuste oficializado el lunes, de $63.021.299.401 en total en el Ministerio de Salud, reduce $25.000.000.000 las transferencias para el fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud; otros $20.000.000.000 en acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica; y otros $800.000.000 en la partida de respuesta al VIH, infecciones de transmisión sexual, hepatitis virales, tuberculosis y lepra, entre otros recortes. En total, para las distintas carteras nacionales, la decisión administrativa estableció un ajuste de casi $2,5 billones, que equivale aproximadamente a 1,6% del Presupuesto.
Esto se suma a las preocupaciones del sector médico sobre los históricos problemas en la administración de medicamentos oncológicos en la Argentina. Fuentes del Gobierno consultadas dijeron que el Ministerio de Salud -con compras a través de la Dirección Nacional de Asistencia Directa y Compensatoria (Dinadic) y del Banco de Drogas Especiales- provee medicación oncológica a personas que no tienen cobertura de obras sociales o prepagas, y que asimismo no consiguen adquirir esos fármacos primero a través de los Ministerios de Salud de sus provincias. Para eso, los pacientes deben realizar un trámite y se inicia un expediente que necesita autorización.
En medio del ajuste, que repercutió en las carteras nacionales y que se ejecutó en el Boletín Oficial con firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Caputo, desde el Gobierno también intentaron justificar que otro factor que influyó en el caso de la partida para abordar el cáncer es un cambio que se inició formalmente a fines del año pasado pero que desde lo administrativo arrancó este año: la eliminación del Instituto Nacional del Cáncer, cuyas tareas pasaron directamente al Ministerio de Salud.
“Desde la integración del ex Instituto Nacional del Cáncer a la órbita del ministerio se generaron ahorros administrativos en alquileres, limpieza y estructuras duplicadas, al tiempo que se incorporó una lógica de compra centralizada de medicamentos de alto costo. Este nuevo esquema permite mejorar precios, promover mayor transparencia y optimizar recursos sin afectar la atención”, señalaron desde la Casa Rosada. Sin embargo, la decisión tomada por la gestión de Javier Milei encendió las alarmas en los sectores médicos, que desde hace tiempo reportan la inequidad en el acceso a medicina para pacientes oncológicos en la Argentina.
“Desde hace muchos años nos preocupa lo inequitativo y arbitrario que es el acceso a los medicamentos oncológicos, de alto costo, por eso también nos preocupa que eso se deteriore aún más. Esta medicación salva, prolonga y mejora la calidad de vida de las personas con cáncer. Entonces, estamos expectantes con que la nueva medida no empeore lo que ya venimos viendo y con que no sume una dificultad adicional”, sintetizó el doctor Rubén Kowalyszyn, presidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. El médico especialista comentó que en el país hay brechas en la posibilidad de acceder a este tipo de medicamentos de acuerdo a si la persona que los necesita tiene o no cobertura, y también según la provincia en la que está domiciliada.
Además, señaló que con las crisis económicas los problemas para obtener estos fármacos se complejizan aún más y reparó en la necesidad de que todos los actores involucrados en esta cadena puedan sentarse a discutir cómo mejorar la accesibilidad a las medicinas. Ante el ruido que generó que nuevamente se estrechen las cuentas públicas para cumplir con el programa libertario y también con los compromisos del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), desde el Ministerio de Economía insistieron con que estos recortes -que llamaron “adecuaciones presupuestarias”- no representan “una desinversión en sectores como Educación y Salud”, sino que intentan “garantizar la eficiencia del Estado y financiar directo a las instituciones, sin afectar el funcionamiento educativo, la investigación científica ni la cobertura sanitaria esencial”.
