Después de varios reclamos de un grupo de padres cuyos hijos formaban parte del Club Progreso, de Adrogué, Personas Jurídicas determinó la intervención del club que según denunciaban los padres fue apropiado primero por una familia y luego por la abogada que representaba a esa familia.
Según revelaron los padres a este medio, el organismo estatal desestimó las elecciones por las cuales la abogada Florencia Salvadores detentaba la presidencia del club Progreso. Salvadores, que no era socia activa del club porque debía varios años de cuotas sociales, armó una lista y entre gallos y medianoches ganó las elecciones del pasado 3 de junio en las que no pudo participar ninguno de los padres cuyos hijos juegan allí al fútbol. Votaron 46 socios de los 64 habilitados para sufragar.
Ahora, Personas Jurídicas echó por tierra el acto eleccionario. Ya el 14 de marzo de este año, el organismo autorizó el pedido de normalización para evitar la pérdida de la personería y avisó a la comisión normalizadora que tenía 120 días para llamar a elecciones.
Hasta entonces, el arquitecto Daniel Lara ejercía el título de presidente del club de Adrogué sin que los socios lo hubieran votado. Lara lo sabía. Por eso, desde finales del año pasado tramitaba una “normalización” del club en Personas Jurídicas, el órgano rector. Ese pedido lo firmaban los socios María Rosa Lara, Susana Chaíno de Lara, Cecilia Echarri y Jorge Dewey. O sea, familiares y amigos de Lara.
“No queremos que el club lo manejen ni los Lara ni Florencia Salvadores. Y tampoco nosotros tenemos interés en presidir el club. Lo único que queremos es recuperar el club para los chicos”, dijeron a Brown On Line un grupo de padres.
Ahora, esperan la inminente intervención del club, que a pesar de la resolución favorable al pedido de los padres sigue sin tener al interventor en las instalaciones para poner en orden un club que durante estos meses sufrió los tironeos de los Lara con Salvadores y que ahora pretende encontrar un poco de paz.
