En el Día de Acción por la Salud de las Mujeres, el Ministerio de Salud presentó este viernes un protocolo destinado a equipos y establecimientos de salud que brinda herramientas concretas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), en un acto donde se valorizó la militancia de las mujeres y la decisión política que permitieron llegar, en diciembre pasado, a la sanción de la ley que garantiza el derecho al acceso al aborto legal, seguro y gratuito.
El Protocolo para la Atención Integral de las personas con derecho a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo, que quedó oficializado este viernes-en ocasión del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres- con su publicación en el Boletín Oficial, adecuado a la Ley 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
La guía contiene dos partes, la primera de ellas dedicada al marco legal, que incluye los principios rectores del derecho a interrumpir el embarazo; las condiciones para el acceso a la IVE y a la interrupción legal del embarazo (ILE); el consentimiento informado necesario en cada caso; la objeción de conciencia; y la responsabilidad profesional e institucional.
En tanto, la segunda parte se ocupa del proceso de atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.
La ley IVE fue sancionada el 30 de diciembre del 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021 y establece que las personas con capacidad de gestar tienen derecho a decidir y acceder a la IVE hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.
Además, tienen derecho a acceder a la ILE si el embarazo fuera resultado de una violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.
• La realización de una IVE o ILE debe guiarse por los principios y derechos que figuran en el artículo 5° de la ley: trato digno, privacidad, confidencialidad, autonomía de la voluntad, acceso a la información y calidad para garantizar el tratamiento del aborto conforme a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en el marco de los derechos humanos.
•La norma argentina enmarca también un espacio de consejería en derechos sexuales y reproductivos para las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar con el propósito de informar, asesorar y acompañarlas en la toma de decisiones autónomas.
•Se trata del resultado de un trabajo multisectorial y articulado que lleva más de una década desde la creación en 2007 del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la publicación de la «Guía Técnica para la Atención Integral de Abortos No Punibles» en sus distintas ediciones.
