El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata definió, en una audiencia preliminar virtual, que el juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos contra 419 víctimas en los centros clandestinos de detención Pozo de Banfield y Pozo de Quilmes comenzará el próximo 27 de octubre, informó la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.
En la audiencia estuvieron presentes representantes de la fiscalía, las querellas, las defensas, de los equipos de Acompañamiento de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia, del Codesedh y del Programa Verdad y Justicia de la Secretaría de DDHH de la Nación, detalló un comunicado de la Subsecretaría.
La propuesta de las querellas unificadas de las Secretaría de DDHH de la Nación y la Subsecretaría de DDHH de la Provincia platearon la posibilidad que el debate se realice en etapas y que se comience por el material probatorio fílmico, de lectura y de los testimonios de aquellos testigos que por encontrarse en otras jurisdicciones o en el exterior estaba previsto que declararan de modo remoto.
En este juicio oral y público se investigará la responsabilidad de 19 imputados por delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, homicidio calificado, abuso sexual con acceso carnal y sustracción, retención y ocultamiento de menores.
«La intención es oportunamente evaluar, en función de la situación sanitaria, la posibilidad de que puedan retomarse las audiencias de forma presencial con protocolos y condiciones adecuadas», precisó un comunicado.
El Tribunal escuchó a las partes y manifestó que el juicio podrá desarrollarse en etapas como lo solicitaron las querellas.
Solicitó también que en el plazo de 10 días hábiles las partes informen el posible orden de los testimonios para que pueda comenzarse con el trabajo de acompañamiento a las víctimas que testificaran en el debate, y se solicitó «garantizar la publicidad» de las audiencias.
El juicio por los pozos de Banfield y Quilmes unifica una serie de causas, la primera de ellas elevada a juicio hace ocho años. Se trata de dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar.
La investigación llega a juicio oral con 19 imputados, 419 víctimas identificadas y declararan alrededor de 400 testigos.
