Diputados del oficialismo y la oposición acordaron un dictamen en la comisión de Legislación General sobre el proyecto de la ley de Alquileres, que podría aprobarse en la próxima sesión y que contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.
En el dictamen consensuado se establece que el inquilino presentará dos propuestas de garantías y el propietario estará obligado a elegir una; también se fija en un mes el depósito que tendrá que abonar el locatario.
Este consenso alcanzado entre legisladores de Cambiemos, del Frente para la Victoria y otras bancadas provinciales permite debatir esta iniciativa en la próxima sesión que se realizará el 20 o 27 de noviembre, previo a la finalización del período ordinario.
El acuerdo fue plasmado en la comisión de Legislación General, que conduce el macrista Daniel Lipovetzky, en una reunión plenaria que contó con la participación de representantes de la Cámara Inmobiliaria y de inquilinos, y el secretario de Vivienda, Ivan Kerr.
«Esta ley la piden todos: lo trabajamos con nuestro gobierno y al presidente entrante también le parece un tema importante», dijo Lipovetzky a los periodistas.
El dictamen fue suscripto por los legisladores de Cambiemos, Frente para la Victoria, Frente Renovador, Red por Argentina, y Argentina Federal, aunque algunos lo hicieron con disidencias parciales como el macrista Pablo Tonelli.
El proyecto fue redactado en base a las iniciativas impulsadas por Lipovetzky, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, el titular del interbloque Red por Argentina, Felipe Solá; Lipovetzky y el diputado del Movimiento Evita Leonardo Grosso.
Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de alquileres son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual -en lugar de semestral- que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.
En ese sentido se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables.
Otro punto clave del proyecto es que se establece que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.
También se fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad, y que en caso de rescindir el contrato, el inquilino deberá avisar con tres meses de anticipación para evitar pagar una multa.
Los puntos acordados entre el oficialismo y la oposición fueron explicados por el diputado kirchnerista, Adrian Grana, quien destacó que «nos estamos ocupando del derecho a un acceso básico que es un techo».
Desde el sector los corredores inmobiliarios, el vicepresidente primero de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Federico López Castromil, pidió que no «se desnaturalice la profesión de los corredores porque somos intermediarios y no mandatarios de una parte«.
Por su parte, el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, dijo que «es urgente tener una ley que regule el precio de los alquileres y que ponga límite al abuso de los propietarios y las inmobiliarios».
