Ex Combatientes de la Guerra de Malvinas se movilizaron hoy hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reclamar que se pronuncie en la causa judicial en la que un centenar de ex militares fue denunciado por torturar a soldados de su propia tropa durante el conflicto bélico de 1982, que se encuentra paralizada hace once meses, y aseveraron que «el Poder Judicial viola los derechos humanos».
«No puede haber 40 años de impunidad en la Argentina y decimos enfáticamente que las torturas en Malvinas son delitos de lesa humanidad; si no se redime esta situación nunca tendremos una Argentina que pueda consagrar una democracia soberana, representativa que defienda y proteja los derechos de los ciudadanos», expresó Roldolfo Carrizo, presidente del Centro de ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata, en el acto que se realizó frente al Palacio de Justicia.
Después de 15 años de iniciada la causa, que contiene más de 170 declaraciones de víctimas y 130 militares imputados por esos hechos -3 de ellos procesados y otros 20 con llamado a indagatoria- la Corte debe resolver si considera los hechos denunciados como delitos de lesa humanidad, lo que los convierte en imprescriptibles, o delitos comunes.
El reclamo fue encabezado por integrantes del Cecim La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (Cpm) -también querellante en la causa-, la CTA Autónoma de la Provincia de Buenos Aires, el Grupo por la Soberanía (GPS), el Centro el Veteranos y Excombatiente Islas Malvinas (CEVECIM) de Berisso y un centro de estudiantes del Normal 1 de La Plata, que se manifestaron de forma pacífica y con un clima de concientización y apoyo mutuo.
Entre quienes fueron a reclamar justicia estuvo Eduardo José Ortuondo, del Regimiento de Infantería Mecanizado (RIM) 3, quien combatió en las afueras de Puerto Argentino y dio su testimonio como víctima directa de las torturas denunciadas.
«A mí y a toda la guardia nos estaquearon siete horas seguidas debajo de la nieve y nos pegaron. También nos metieron adentro de pozos de agua congelada. Pedimos que lo declaren de lesa humanidad para que las torturas y el maltrato no tengan prescripción». Agregó que «los 2 de abril no son fechas felices, siempre nos viene esto a la memoria. El mejor regalo para los 40 años (del inicio de la guerra) sería la Justicia».
Las denuncias plantean imposición de tormentos y privación ilegítima de la libertad. El principal medio de tortura que aparece en los testimonios es el estaqueamiento a soldados a la intemperie por prolongados lapsos, en algunos casos sin abrigo ni zapatos en el gélido clima de las islas.
También fueron denunciadas torturas como el enterramiento de pie hasta el cuello en pozos que las mismas víctimas debían cavar, la obligación de sumergirse en agua helada completamente desnudos, golpizas, picanas y la deliberada falta de provisión de elementos de subsistencia.
«Aquí en la Corte hay soldados estaqueados. Nos permitimos decirlo porque la tortura sigue ocurriendo en la psiquis y la subjetividad de cada uno de los soldados que se animó a denunciarla e ir contra la imposición de silencio de la dictadura cívico-militar», dijo Jerónimo Guerrero Iraola, abogado del Cecim La Plata, organismo querellante.
Afirmó que «hoy el Poder Judicial de la Nación viola derechos humanos». Explicó además que «los soldados torturados en Malvinas sufrieron al menos tres momentos de vulneración de sus derechos básicos elementales de su dignidad humana: el primero fue la tortura, el segundo la configuración de una lógica de Estado para que esto quede impune y el tercero es el obrar del Poder Judicial».
El letrado confirmó que los delitos presentan suficiente prueba para ser considerados de lesa humanidad. «Con el 10% de la prueba que hay en este expediente, que cuenta los relatos de las víctimas y documentos oficiales que respaldan y aseguran aquello que soldados torturados han expuesto ante funcionarios judiciales, tendríamos a los victimarios condenados, pero no sucede porque el Poder Judicial ha decidido hacer carne el mandato de la dictadura, y hoy perpetúa la lógica de vulneración de los derechos humanos».
Durante la manifestación se escucharon canciones de León Gieco y se escuchó el tema «La Memoria», mientras los ex combatientes sostenían una bandera que decía «Malvinas, 40 años de impunidad. Memoria, verdad, justicia, soberanía, paz». También colocaron sobre el piso y el vallado del ingreso a la Corte figuras humanas hechas en cartulina negra en representación de los soldados estaqueados en Malvinas, con mensajes de denuncia tales como «Soldado estaqueado por el Estado genocida», «A 40 años esperamos justicia» y «Malvinas también fue la dictadura».
Hablaron los excombatientes del Cecim La Plata Carrizo y Ernesto Alonso, Roberto Cipriano, Secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, y Hugo Godoy, titular de ATE y secretario de la CTA Autónoma.
Alonso recordó que entre los militares que participaron en la Guerra de Malvinas «vamos a encontrar apropiadores de bebés, pilotos de los vuelos de la muerte y a aquellos que torturaron en los distintos campos de exterminio».
Asimismo, denunció que «las Fuerzas Armadas durante 40 años vienen sosteniendo en los certificados de defunción de muchos compañeros que sus muertes se dieron ‘en combate’ y nosotros fuimos testigos de que lamentablemente muchos de nuestros compañeros murieron en manos de estos genocidas».
El abogado Pablo Vassel, quien en el inicio de la causa como subsecretario de Derechos Humanos de de Corrientes, entre 2004 y 2008, recolectó testimonios de los combatientes de Malvinas y los presentó como denuncia para que se investiguen violaciones de los derechos humanos, dijo que los combatientes «son un colectivo que fue silenciado por la ‘desmalvinización’ y la impunidad, y se sienten motivados a contar su historia a partir de que todas las víctimas de la dictadura militar empezaban a hacer públicos sus testimonios en sede judicial».
Roberto Cipriano, del CPM, también querellante, expresó que lo que pasa en esta causa resulta «atroz y da vergüenza tener que venir a explicar esto». Señaló que esos hechos han sido «inadvertidos por el Poder Judicial, consagrando la impunidad hasta la fecha», y «revictimizan una y otra vez a esos jóvenes que dejaron los mejores años de su vida para nuestro país».
Los excombatientes realizaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que «está bajo análisis y en cualquier momento tendremos novedades al respecto», adelantó Guerrero Iraola.
El abogado del Cecim entregó un petitorio de pronto despacho a la Corte junto a Cipriano y dijo: «Exigimos al tribunal que esté a la altura de la historia y produzca el fallo a la mayor brevedad posible».
