El fotógrafo José Luis Cabezas fue asesinado el 25 de enero de 1997 luego de ser secuestrado en Pinamar por un grupo mixto de policías y civiles bajo las órdenes del jefe de seguridad del empresario Alfredo Yabrán, quien estaba molesto porque el reportero gráfico había tomado una foto suya el verano anterior, cuando aún no se conocían imágenes de él.
El principal responsable se suicidó a más de un año del crimen, otros nueve fueron condenados en un juicio y actualmente ninguno está en prisión. El cuerpo baleado y esposado de Cabezas, que trabajaba para la revista Noticias y solía cubrir la temporada veraniega en la costa atlántica bonaerense, fue hallado en el interior de un auto quemado en una cava cercana a General Madariaga.
De acuerdo a la investigación, la víctima fue secuestrada horas antes a la salida de la fiesta de cumpleaños del empresario postal Oscar Andreani, en Pinamar, por una banda mixta encabezada por el policía de Mar de Ajó Gustavo Prellezo, quien había contratado como «mano de obra» a José Luis Auge, Horacio Braga, Sergio González y Héctor Retana.
Estos últimos se conocieron como «Los Horneros» ya que eran delincuentes de la zona de la localidad platense de Los Hornos.
Según la justicia, Prellezo recibió la orden de Gregorio Ríos, un ex miembro del Ejército que por entonces era el jefe de seguridad de Yabrán, el empresario dueño de Oca y vinculado al ex presidente Carlos Menem que había sido denunciado como un «mafioso» con protección política y judicial por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
A su vez, junto a Prellezo actuaron otros policías de la Costa: Sergio Cammaratta, de Valeria del Mar; y Aníbal Luna, de Pinamar; mientras que Alberto «La Liebre» Gómez, comisario de esa última localidad balnearia, liberó la zona.
El crimen tuvo una inmediata repercusión política ya que el por entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde creyó que le habían «tirado un muerto» en el marco de una interna con el menemismo y para frustrar una posible candidatura presidencial suya para 1999.
El caso también derivó en una profunda reforma de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la fuerza de seguridad con más efectivos del país. Sin embargo, la repercusión más resonante que tuvo el crimen fue la muerte de Yabrán, quien en mayo de 1998, pocos días después de que se ordenó su detención en la causa, se suicidó en un campo de Entre Ríos.
Los condenados
Durante la investigación también hubo otros detenidos que quedaron vinculados por pistas falsas y finalmente fueron liberados. De todos modos, la causa llegó a un primer juicio oral llevado a cabo en Dolores en 2000, cuando fueron condenados los policías Prellezo, Cammaratta y Luna; Ríos y los cuatro «Horneros».Mientras que en 2002 se realizó un segundo debate en el que sentenciaron a «La Libre» Gómez.
Prellezo fue condenado a prisión perpetua como «autor material» del crimen, en 2010 le otorgaron arresto domiciliario, en 2017 la libertad condicional y a fines de 2021 cumplió la totalidad de la pena. Ríos recibió una pena de 27 años de cárcel como «autor inmediato» y en el último tramo de su sentencia estuvo con arresto domiciliario.
Si bien no llegó a juicio, Yabrán fue considerado por la justicia como «autor mediato» del crimen.
Los policías Cammaratta y Luna también fueron condenados a prisión perpetua: el primero de ellos murió en 2015 por problemas de salud, cuando cumplía con libertad condicional; y el segundo fue liberado en 2017.
Respecto de «Los Horneros», a los cuatro se los condenó a prisión perpetua, pero luego de ser beneficiados por el 2×1 comenzaron a salir de la cárcel, excepto Retana, quien murió de SIDA durante su encierro. Auge salió en 2004, González en 2006 y Braga en 2007; pero los tres volvieron a la cárcel por no cumplir con los términos de su libertad condicional.
Por su parte, «La Libre» Gómez recibió la misma pena y en 2010 salió de la cárcel con arresto domiciliario.
