Una semana que puede quedar en la historia del movimiento feminista. Uno de los debates mas esperado desde que asumió la presidencia Alberto Fernández llega este jueves a la Cámara de Diputados que tratará el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Junto con el proyecto se tratará el Programa de los 1000 días, también iniciativa del Poder Ejecutivo, que busca proteger a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los primeros años de la infancia.
La sesión prevista para el jueves y parte de la mañana del viernes será la primera presencial desde que se declaró la pandemia por coronavirus en el país, y el protocolo que se seguirá era motivo de negociaciones entre el oficialismo y la oposición.
El nuevo tratamiento de la iniciativa se dará a dos años del histórico debate realizado en la Cámara de Diputados cuando se aprobó con una ajustada mayoría el proyecto sobre la legalización del aborto, que luego fue rechazado en el Senado.
Ahora la votación se presenta también ajustada como hace dos años, aunque con mayor diferencia que en el 2018 cuando la iniciativa se aprobó en Diputados por 129 a 125, según reconocieron fuentes de los diputados a favor y en contra del proyecto.
El proyecto de ley
El proyecto de ley para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) que envió el Presidente al Congreso establece que “las mujeres y otras personas con identidades de género con capacidad de gestar” tienen derecho a practicarse un aborto hasta la semana 14 del proceso gestacional.
En la propuesta del Poder Ejecutivo se aclara que, fuera de ese plazo de 14 semanas, la persona gestante mantendrá “el derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo” si “fuere resultado de una violación”, cuando se trate de niñas menores de 13 años o si estuviera en peligro la vida o la salud integral de la persona.
Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. En caso de menores de trece (13) años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal.
En los casos de adolescentes de entre trece y dieciséis se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento, a menos que deba utilizarse un procedimiento que implique un riesgo grave para su salud o su vida.
El proyecto estable que el profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá mantener su decisión en todos los ámbitos, público y privado, en que ejerza su profesión, y derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones.
