Una mujer fue abusada por Policías de la Comisaría 10° de Ingeniero Budge y nueve años después el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata dispuso que el Estado provincial indemnice por 17 millones a la victima por el abuso sexual, daño psicológico, moral y físico.
La juez María Ventura Martínez hizo lugar al planteo de la víctima, Liliana Herrera, contra el Estado provincial.
Según informa DiarioConurbano.com.ar, Se estima que el Estado provincial apelará la medida pero lo concreto es que Herrera obtuvo el primer respaldo en su pedido de reparación económica de lo ocurrido.
El caso se remonta al 14 de junio de 2016, cuando la señora Elsa Julia Liliana Herrera fue detenida de forma ilegal, extorsionada y abusada sexualmente en la Comisaría 10ª de Lomas de Zamora por personal de la Policía Bonaerense. Los responsables – el subcomisario Eleazar Beckman y el oficial Gerardo Ibarra – fueron oportunamente condenados por la justicia penal, y la firmeza de aquella sentencia sirvió de base para el fallo civil que ahora reconoce los graves daños sufridos por la víctima.
La reciente resolución del fueron Contencioso Administrativo de La Plata, que aplica estándares de reparación plena con perspectiva de género y conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos, reconoce expresamente el daño psíquico, moral y la necesidad de asistencia psicológica de la víctima. La jueza interviniente ordenó el pago de $7.000.000 más intereses desde el hecho (2016) y una suma adicional de más de $6.000.000 por tratamiento psicológico especializado, ascendiendo a monto de aproximadamente $ 17.000.000 a la fecha del fallo.
El Dr. Claudio Jesús Venchiarutti, abogado patrocinante de la víctima, destacó: “Este fallo es un paso fundamental no sólo en la búsqueda de justicia para Elsa, sino también en la consolidación de un sistema judicial sensible, que reconoce a las víctimas de violencia institucional y garantiza su derecho a una reparación integral. Agradezco a todo el equipo que me acompañó y al Poder Judicial por aplicar los tratados internacionales con una verdadera perspectiva de género y derechos humanos.”
La sentencia marca un precedente relevante en la Provincia de Buenos Aires, al responsabilizar al Estado por los delitos cometidos por sus fuerzas de seguridad, y representa una muestra del rol activo de la justicia contencioso-administrativa en la reparación de violaciones graves a los derechos fundamentales.
