A partir de una serie de recomendaciones que elaboró la Organización Mundial de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, varios países como Estados Unidos, España y Argentina otorgaron prisiones domiciliarias a personas privadas de su libertad.
En el caso de la Argentina, la Cámara de Casación Federal recomendó a los jueces que decidan por si o por no que sea aplicable a «personas con prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, o que no presenten un riesto procesal significativo».
Así mismo, en el documento emitido el 14 de abril recomendó a «mujeres embarazadas y/o encarceladas con sus hijos e hijas, personas con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores, personas con discapacidades que puedan exponerlas a un mayor riesgo«.
Tras generar un fuerte debate en redes sociales y medios de comunicación, el presidente Alberto Fernández se manifestó en Twitter. «Es conocida mi oposición a ejercer la facultad del indulto. Digo esto en momentos en que una campaña mediática se desata acusando al Gobierno que presido de querer favorecer la libertad de quienes han sido condenados«, sentenció.
«En Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema«, escribió el presidente en su cuenta de Twitter.
Por su parte, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sumó declaraciones por la misma red social. «El Poder Judicial tiene esas atribuciones y respeto plenamente la división de poderes. Desde que asumí no nombré jueces, ni promoví cambios en la Suprema Corte, ni nombré al Procurador. Tanto él como los defensores oficiales y los fiscales continúan desde la gestión anterior.»
