El puente de La Noria, uno de los accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires, amaneció hoy paralizado por una protesta de os trabajadores de La Salada que cortaron el tránsito exigiendo la reapertura de sus puestos de trabajo, cerrados tras una investigación judicial por lavado de dinero y evasión impositiva. «Necesitamos trabajar», solicitan.
El detonante fue la reciente detención de Jorge Castillo, el empresario conocido como “El Rey de La Salada”, acusado de liderar una organización criminal dedicada al lavado de activos. El cierre del complejo comercial arrastró a decenas de miles de trabajadores a un limbo laboral. Desde el lunes pasado, cuando la feria fue clausurada por orden judicial, los intentos por ingresar han sido contenidos por un importante operativo de la Policía Federal, que rodea la zona de Ingeniero Budge con el objetivo de evitar disturbios y garantizar la continuidad del cierre.
Lejos de amedrentarse, los trabajadores cortaron el Puente La Noria, una arteria neurálgica entre el conurbano sur y la capital. “Cada puesto cerrado es una olla vacía”, gritó una mujer, con un nene dormido sobre su hombro y un cartel en la otra mano que decía: “Queremos trabajar”. Muchos de ellos trabajan en La Salada desde hace 15, 20 y 26 años, más de 100 mil familias dependen de la feria.
“Nos tratan como delincuentes, pero nosotros solo vendemos ropa”, dicen los trabajadores de Urkupiña S.A., una de las empresas que opera en la feria. Algunos llevan 20 o 25 años trabajando ahí. “¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Esperar que nos regalen comida?”, cuestionan.
«Vivimos de esto y queremos trabajar, pacíficamente no queremos hacer nada. Si no quién nos va a dar de comer«, sentenciaron a las cámaras. «Queremos trabajar, tenemos familia, tenemos un alquiler que pagar», añadieron al reclamo.
Días atrás las autoridades detuvieron a Jorge Castillo, conocido como El Rey de La Salada en su casa de Luján por la Policía Federal junto a su esposa e hijo en un mega operativo que fue ordenado por el juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, que incluyó distintas ferias, oficinas, domicilios y depósitos tanto en en el barrio porteño de Flores como en la localidad bonaerense de Ingeniero Budge.
Se trata de una causa que se inició en 2023 por la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la Superintendencia de Agencias Federales de la PFA, que logró identificar un entramado de 89 sociedades comerciales, más de 160 personas involucradas y múltiples maniobras de blanqueo de capitales.
