En abril, comenzarán las audiencias por el juicio oral y público contra Diego Javier Clementi, el ginecólogo procesado por abuso sexual contra 13 mujeres en su clínica privada de Burzaco.
El miércoles 9 de abril comienza el juicio en el que Clementi enfrenta cargos de abuso sexual con y sin acceso carnal. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2003 y 2022 y el médico habría aprovechado su posición para cometer los abusos.
Las victimas habían manifestado el temor de que esta instancia no llegará porque la fiscal del caso había mencionado la posibilidad de un juicio abreviado que podría favorecer en las penas al acusado.
Diego Javier Clementi se desempeñaba como director médico en el Centro Médico de la Mujer de Burzaco y está procesado por cometer los delitos de “abuso sexual con acceso carnal cometido en forma reiterada” por cinco casos, “abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal” por dos episodios, y “abuso sexual gravemente ultrajante” en otras seis oportunidades.
Clementi también se desempeñaba como jefe de servicio en el hospital Evita de Lanús, de la que fue desvinculado de forma preventiva de su función mientras la causa está siendo investigada. Sin embargo, mantiene su matrícula vigente y las víctimas denuncian que no sólo sigue atendiendo sino que también da clases de karate en un club de José Mármol.
En septiembre de 2023, el fiscal Sebastián Bisquert, a cargo de la UFI Nº 9 especializada en Violencia de Género y Familiar, solicitó formalmente la elevación a juicio de la causa.
La mecánica de los abusos denunciados por las 13 mujeres que asistieron a consultas médicas con Clementi, se describe como similar en varios casos. Las víctimas afirmaron que se aprovechó de su posición de médico para realizar actos como besar cerca de la boca, hacer que las pacientes se desnudaran frente a él, sacarles la ropa, tocar sus partes íntimas sin consentimiento y sin justificación terapéutica y, en algunos casos, hasta realizar actos de penetración sin consentimiento.
De acuerdo a la versión de las denunciantes, algunas de estas agresiones se habrían producido hacia mujeres que concurrieron por un aborto cuando aún no se había sancionado la ley IVE, actuando la penalización de la práctica como un reaseguro para que no existiera la denuncia.
Según argumentó el fiscal tiempo atrás, las numerosas coincidencias en los relatos de las víctimas respaldaron la credibilidad de las diversas denuncias. Asimismo, también señaló que los testimonios de las víctimas no se limitan a una mala percepción subjetiva, ya que los relatos son consistentes y detallados.
