Por Luna Mancini
Desde hace varios años la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) tiene en su poder una parte de la Reserva Natural Santa Catalina, uno de los últimos pulmones verdes del sur del conurbano. Como se sabe, a principios de mayo la institución las puso a la venta. ¿Cómo una universidad pública es dueña de hectáreas en una reserva provincial y decide venderlas al mejor postor?. Aquí la palabra de Alberto De Magristris, referente de la ONG ambiental Pilmaiqueñ, formada en 2010 por un grupo de personas de Llavallol que defienden al predio de las constantes amenazas de venta.
La problemática comenzó en los años 2000, pero lo que en profundidad sucede con las tierras de la reserva viene desde hace más de un siglo: “Santa Catalina está en manos de la Universidad de La Plata desde 1905. Antes de eso era una enorme estancia que la provincia de Buenos Aires compró en 1878 a sus dueños privados. Estableció una escuela de enseñanza agropecuaria que para 1900 no pudo mantener y por eso la cedió a Nación”, comienza explicando De Magristris.
Fue la provincia la que llevó adelante la construcción del edificio antiguo que se ve desde la Ruta 4 y luego, en 1902, el año en que la UNLP -que por entonces era una universidad provincial y que al tiempo fue nacional-, obtiene hectáreas de Santa Catalina ya que lo usaba como espacio de enseñanza e investigaciones.
En las primeras décadas del siglo pasado, el establecimiento de la UNLP allí “funcionó bien”, dice De Magistris, y se consagró a Santa Catalina con ciertos objetivos de origen; enseñanza, cultura y educación. Pero hacia los años 80 esto comenzó a desvanecerse: “Ciertas dirigencias de esta Universidad empezaron a mirar los problemas con ojos de vender, de hacer proyectos inmobiliarios, enajenarla y hacerle fondos y comienza un premeditado abandono paralelo a la desafección de proyectos”, revela Alberto.
Es el último año de la dictadura militar y quienes llevan adelante la Universidad de La Plata obtienen una escritura armada por un gobernador militar donde “de manera no correspondiente -porque no había leyes en dictadura- proceden a inscribir en el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia, un título privado a la UNLP sobre Santa Catalina que hasta ese entonces aún era del Estado Nacional” apunta Alberto y agrega que esto “fue observado por muchos especialistas como algo improcedente e ilegal, que tanto es así que una vez en democracia nunca se validó la operación, pero como no hubo una medida judicial que interviniera, la escritura fue obtenida”.
Así fue como existe un documento en el que figura que el entonces gobernador militar le donó gratuitamente varias parcelas de Santa Catalina a la UNLP siendo aún propiedad del Estado. “Santa Catalina adquirió un carácter que es la ‘propiedad privada del Estado’, es decir, la UNLP es estatal pero dice que la propiedad de este predio es privada”, aclara De Magristris.
La organización de la gente
Ante esta historia repleta de injerencias que no trataron como correspondía a la reserva, en 2007 comienzan a juntarse un grupo de gente para darle forma a la primera versión de proyecto de Reserva Natural en la legislatura provincial. En este momento, Santa Catalina tenía una norma de protección pero no de sus bienes naturales ni como reserva, sino que solo tenía la designación de lugar histórico nacional de 1961 y luego de 1992.
“Estaba desguarecida de una normativa que proteja sus atributos de naturaleza en tal sentido como reserva. Por eso se presentó una ley pero en marzo de 2008 nos encontramos con que la UNLP, aun sabiendo que había un proyecto claro y argumentado, pone a la venta 307 hectáreas del humedal (la mitad de la reserva) que más tarde, la empresa privada Covelia obtuvo”, explica Alberto.
Esto último cayó como una sorpresa sobre quienes se encontraban, y todavía se encuentran, movilizándose para que Santa Catalina continúe siendo una reserva natural. “La venta se efectuó y por supuesto que comenzamos a reclamar en la defensoría del pueblo, en el ministerio de ambiente, en el municipio, en todas las facultades de la Universidad de Lomas. Denunciamos por todos lados y se inició una campaña de firmas que en tres años recolectó 55 mil mientras que el proyecto de ley seguía en la provincia, el cual no implicaba un freno para la empresa que había ya comenzado a aniquilar el humedal”, dice Alberto.
Pasaban los años y el problema parecía estancarse pese a los esfuerzos de la organización Pilmaiqueñ y de los demás movimientos que buscaban proteger la reserva de alguna forma: “Veíamos que la cuestión venia como para presentar una denuncia judicial por impacto ambiental. Pero para eso necesitábamos conformarnos como ONG y así lo hicimos. No podíamos entender cómo las máquinas hacían todo los días cosas para destruir el humedal”, recuerda De Magristris.
En julio de 2011 la Cámara de Senadores bonaerense aprobó la Ley de Reserva Natural. Por otro lado, otorgaron una medida cautelar que frenó los proyectos de la empresa de residuos Covelia.
“La medida cautelar fue un freno evidente hacia la empresa, aunque en los años posteriores la cumplió a medias. Después quedaba lo que la UNLP no había llegado a vender, es decir, las otras 300 hectáreas que lamentablemente siguieron con ese proceso de abandono premeditado”, dice Alberto.
“Distintos gobiernos pasaron, algunos ayudaron más que otros, pero la clave fue en 2022 cuando la ministra de ambiente, Daniela Vilar, desde el día uno se comprometió con nosotros (organización Pilmaiqueñ) para poder avanzar con las cuestiones de la reserva”, dice De Magristris.
Hace poco que desde el Ministerio de Ambiente intentaron dialogar con la UNLP para que apoye la reserva. Se buscaba acordar que a la UNLP le conseguirían campos en permuta para que se retire, de una vez, de Santa Catalina y así la provincia pueda tomar la posesión y hacerse cargo del lugar. Pero a principios de 2023 la Universidad dio marcha atrás con ese «casi acuerdo» y el tema volvió a fojas cero.
Actualmente, Pilmaiqueñ como tantas otras organizaciones que defienden Santa Catalina como una reserva, continúan trabajando por cada necesidad que surge: «Trabajamos buscando maneras de solución primeramente a partir del diálogo con autoridades. Nos ha pasado que no siempre se puede, por eso nos también nos movilizamos en buscar el apoyo para esta expropiación”, concluye De Magristris.
