Viajar en colectivo por el Área Metropolitana de Buenos Aires se ha transformado en un verdadero calvario para miles de usuarios que, día a día, deben enfrentar un servicio cada vez más degradado. A la suba de tarifas, que dejó los boletos con precios significativamente más altos, se le sumó una drástica reducción del 30% en las frecuencias de varias líneas. Esta combinación de factores generó escenas de caos en puntos neurálgicos como Constitución, donde bajo la lluvia se registraron hasta tres filas distintas para subir a una misma unidad, mientras los pasajeros expresaban su frustración al ver cómo el costo del viaje sube mientras la eficiencia del transporte cae en picada.
La raíz de este recorte se encuentra en el fuerte incremento de los costos operativos, especialmente en el precio del gasoil. En el último mes, el combustible acumuló un alza del 25% impulsada por los conflictos bélicos en Medio Oriente, lo que ensanchó la brecha entre el precio que el Estado reconoce en los subsidios y lo que las empresas efectivamente pagan en el surtidor. Según la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, hoy abonan un 48% más por el combustible en relación con el mes pasado, una diferencia que las compañías aseguran no poder absorber sin una actualización inmediata de la estructura de precios y el pago de los subsidios adeudados.
El malestar de los usuarios es generalizado y se manifiesta en esperas que parecen no tener fin. «En diez minutos entro a trabajar y todavía sigo acá parado», relató uno de los tantos pasajeros afectados que ven cómo las unidades pasan repletas sin detenerse. Las pocas unidades que pasan lo hacen con su capacidad colmada, obligando a muchos a esperar el siguiente coche, que puede tardar hasta 40 minutos en venir.
La situación se agrava por la falta de respuestas oficiales, ya que desde el sector empresario advierten que ni el Gobierno Nacional ni la administración de la Provincia de Buenos Aires han acreditado los fondos correspondientes a los anticipos de abril. Esta falta de liquidez pone en jaque la operatividad del sistema y agudiza la incertidumbre de quienes dependen del colectivo para su vida diaria.
El panorama para las próximas horas es aún más sombrío dado que podría registrarse una parálisis total del servicio debido a la imposibilidad de las empresas para afrontar el pago de los salarios de los choferes. Sin los depósitos de los subsidios comprometidos, las cámaras advierten que la crisis escalará de la reducción de frecuencias al cese total de actividades. Mientras tanto, la Secretaría de Transporte se limita a monitorear el funcionamiento de los servicios, dejando a los pasajeros atrapados en una puja económica que los obliga a pagar más por un servicio que hoy no garantiza llegar a destino.
