Profesionales, familiares e internos del Cottolengo Don Orione de Claypole marcharán junto a otras instituciones el jueves a las 10.30 a la residencia presidencial de Olivos para llevarle a Mauricio Macri el reclamo contra el ajuste que su gobierno está produciendo en las personas con discapacidad.
«¡Necesitamos que el señor Presidente se comprometa a darnos una solución que permita a las personas con discapacidad seguir concurriendo a sus centros de atención educativa y terapéutica! «, dijeron en la previa a la convocatoria.
Los reclamos son varios:
▪ Aumento de aranceles de emergencia
▪ NO a la provincialización del transporte para los beneficiarios de #IncluirSalud
▪ Pago de la deuda de Incluir Salud 2017-2018-2019
▪ NO al recorte de Pensiones por discapacidad
El gobierno de Macri adeuda los fondos del Programa Incluir Salud, que atiende a unas 30.000 personas con discapacidad en distintos servicios (educación, rehabilitación, centros de día, inclusión educativa, centros educativos terapéuticos, transporte a dichos servicios, hogares).
«No terminó de pagar octubre y noviembre y aún le falta gran parte del mes de diciembre y al día de hoy debería tener saldado el mes de enero en su totalidad», dicen las instituciones que se movilizarán.
A esto se le suma que el Estado luego de más de un año sin dar aumento en los aranceles de las prestaciones, ha dado un 13 por ciento para casi todas las prestaciones a partir del mes de mayo de 2019. «Esto no llega a cubrir los aumentos ya dados por diversos sindicatos para este año y se suma a los desfasajes del año anterior», dijeron.
«A causa de esto, varios servicios han tenido que cerrar en el país y otros están en situación crítica. También se ven afectados los profesionales que trabajan directamente con estas personas, peligrando sus puestos»..
Por otro lado, Incluir Salud transfirió a partir del 1 de enero de este año a las Provincias la administración de las prestaciones de transporte que permiten asistir a las personas con discapacidad a los diversos servicios, sin tiempo de preparación de los organismos provinciales y sin tomar los correspondientes recaudos desde el Estado Nacional. Esto provocó la suspensión de servicios para muchas personas con discapacidad, y como consecuencia, han quedado sin atención en educación, rehabilitación, asistencia, etc.
