«El Ministerio de Educación se convirtió en una financiera de las provincias sin políticas educativas, líneas pedagógicas nacionales claras y con reducción de equipos técnicos, lo que arriesga el acceso a la educación inclusiva y de calidad», denunció Ctera, el sindicato docente que se declaró en alerta y anunció para mañana una movilización el Ministerio de Educación.
Por eso la Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación) que conduce Sonia Alesso convocó para mañana a una protesta en rechazo del «nuevo perfil» que impulsa el Ministerio de Educación sobre los Planes y Programas Nacionales y decidió el estado de alerta y movilización.
Los docentes se movilizarán a las 12 de mañana hacia la Avenida Santa Fe al 1.500 en rechazo de ese «nuevo perfil oficial» para los Planes y Programas Socioeducativos Nacionales (CAI, CAJ, FinEs, Orquestas infantiles y juveniles, Administradores en Red). Los trabajadores se concentrarán, por ende, frente a la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas e instalarán una radio abierta, en la que también participará el secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y Gremial de la Ctera nacional, Eduardo López, indicó un comunicado de prensa.
Entretanto, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, dijo hoy que la Argentina volverá a someterse a las pruebas PISA -un examen internacional que pretende medir la calidad educativa- que el país había dejado de participar por decisión de esa entidad, que decidió excluir a la Argentina. La idea de Bullrich es volver a ese ranking internacional para chicos de 15 años elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para medir el rendimiento escolar.
«La cartera nacional explicitó en varias reuniones que las provincias gozan de total autonomía para decidir qué hacer con los fondos rotativos, lo que provoca posibles cierres de programas y despido de trabajadores, y significa una descentralización».
La Ctera exigirá también en la marcha de mañana «la recomposición salarial y regularización de los pagos de esas iniciativas en los distritos y la mejora de las condiciones contractuales y de la estabilidad laboral», afirmó. El sector también demanda «información relacionada con las transferencias a las jurisdicciones y el cumplimiento integral del punto nueve del acuerdo paritario, que garantizó la continuidad de los planes y programas socioeducativos y del personal».
Los sindicatos reclamaron hace meses, según señalaron, «un mapeo nacional de los programas, las resoluciones que les permitirían autonomía provincial y su reemplazo por otros y las transferencias realizadas desde principios de este año, pero no hubo respuestas».
