La escuela modelo y centro terapéutico Déjalo Ser de Adrogué atraviesa una delicada situación económica y podría cerrar a fin de año en caso de que el presidente Javier Milei vete la Ley de Emergencia de Discapacidad sancionada por el Congreso de la Nación. «Estamos en una grave crisis», señaló María Ester, represente legal del instituto.
El lugar, que recibe y atiende a 200 chicos todos los días, está a punto de quebrar al no poder obtener la manera de financiarse y cubrir los costos y los salarios del personal docente: «A los chicos, familias y profesionales no se puede suspender. Es una cosa desesperante. Nosotros nos hacemos preguntas sobre lo que puede llegar a pasar el año que viene».
En el mismo, sentido, la abogada le manifestó al canal de noticias C5N que la dramática situación no les alcanza solo a ellos. «Es una red de profesionales que atienden a nuestros chicos en terapia y no conseguimos profesionales ya que no pueden pagar el alquiler de los consultorios porque no hay una adecuación de los aranceles», describió.
La escuela Déjalo Ser comenzó con su caída de ingresos desde 2023 y la situación se agravó en noviembre de 2024, última vez que el Gobierno no actualiza el nomenclador, es decir, el dinero destinado para al atención de cada uno de los chicos con discapacidad.
Pese a su aprobación por unanimidad en ambas cámaras, el presidente Javier Milei anticipó que vetará la ley de emergencia en discapacidad. El veto aún no está formalizado. La Comisión de Presupuesto del Congreso evaluó el impacto de la iniciativa y concluyó que su aplicación representaría solo el 0,03% del presupuesto nacional.
El proyecto recompone las prestaciones arancelarias desde el 1 de diciembre de 2023 conforme a la inflación acumulada en el período y actualiza el nomenclador para la indexación mensual automática de las pensiones no contributivas de acuerdo al IPC.
En el texto, el monto de las pensiones por discapacidad se mantiene en un valor del 70 por ciento del haber mínimo jubilatorio.
La iniciativa fija que se deberá otorgar una pensión inembargable a toda persona sin suficientes recursos propios, no amparada por un régimen de previsión, de 70 o más años de edad o con discapacidad que cuente con el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
En ese contexto, se autoriza a la jefatura de Gabinete a realizar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley.
