El Gobierno de Javier Milei anunció el desmantelamiento de dos organismos estatales, lo que implicará el despido de casi 1000 empleados, según informó hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni. Se trata del Instituto de Agricultura Familiar (INAFI), Campesina e Indígena, y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar.
El INAFCI es el encargado, entre otras cosas, de dar entidad a quienes trabajan en agricultura familiar, que son quienes producen más del 60 por ciento de los alimentos que se consumen en la Argentina, según explicó el ex director del organismo, Miguel Gómez.
Estos agricultores familiares no entran en la categoría de pequeños productores pero tienen diversidad, ya que están en todo el país y desarrollan los cordones periurbanos que abastecen a las grandes ciudades. El arraigo en sus lugares de origen también evita las migraciones masivas a las urbes y aporta alimentos cerca de los lugares, evitando el desplazamiento de verduleros, de allí la importancia de las políticas del organismo para fomentar que estos sectores trabajen la tierra en los lugares donde viven.
Según dijo el vocero de Milei, la resolución se tomó luego de una revisión de “datos calamitosos, profundamente desoladores” sobre ambos organismos que emplean a 964 trabajadores, lo que se redujo a dirección que nucleará a 64 empleados. Lo que no dijo Adorni es que este cierre no solo afectará a los sectores que se dedican a este tipo de trabajos sino también al desarrollo nacional y a la soberanía alimentaria.
«Queremos que siga de pie y cumpla con lo que tiene que cumplir que es fortalecer la producción de alimentos en manos de los campesinos que cuidan el medio de producción, a lo largo y ancho del país. Porque si seguimos concentrando, no habrá política que soporte a la gran cantidad de gente que se va a amontonar en las ciudades«, había señalado Gómez sobre la importancia del organismo.
«Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”, dijo el vocero Adorni en su clásico tono y sin justificar por qué dijo eso de «no trabajo».
Adorni cuestionó “la fiesta que había del gasto público” y planteó que había «160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero, y uno de cada tres empleados eran delegados. Tenían 204 vehículos y el 85% del presupuesto se dedicaba a pagar sueldos, casi una agencia de empleo político”.
«Se transferían fondos discrecionales y actuaban organizaciones sociales y municipios. La ineficiencia de este organismo se refleja en que todavía no hemos recibido reclamos de productores ni trabajadores del campo”, denunció además.
