El secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, repudió hoy las posiciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre el sistema integral ferroviario, luego de que el dirigente derechista se pronunciara por la privatización o posible cierre de ese modo de transporte, y aseguró que ello expresa claramente a «la anti Patria».
Milei sostuvo en recientes declaraciones que si asume el gobierno el 10 de diciembre próximo cortará el gasto público que no sea sustentable, e incluyó a los ferrocarriles. «Si llego a ser presidente privatizaré todos los trenes. Hay que terminar con la ineficiencia del Estado y privatizar el sistema a través de una amplia red de concesiones», afirmó Milei.
«Ante las manifestaciones de los anti Patria, el gremio La Fraternidad ratifica que desde la lógica del mercado hay rentabilidad o déficit, pero desde la lógica de la responsabilidad existen instrumentos sociales que tienen que responder a los intereses del conjunto de la sociedad y no solo a la satisfacción de las necesidades comerciales», dijo Maturano. «Un país sin trenes es una Nación sin futuro», dijo Maturano en un comunicado.
Para Maturano, en cambio, la educación, la seguridad, la salud y el transporte público «son instrumentos que generan rentabilidad social imprescindible en un país en desarrollo».
«Esa visión de país democrático, plural y solidario solo estuvo, está y estará en quienes tienen conciencia de Patria, porque hay Patria y anti Patria. Un país sin trenes es una Nación sin futuro, dijo un patriota como Raúl Scalabrini Ortiz. La organización sindical que encabezo depositará allí todos sus esfuerzos y luchas», concluyó el dirigente gremial.
Milei no tiene en su equipo expertos en transporte y movilidad y ha reiterado innumerables veces su creencia de que la rentabilidad comercial –que el ferrocarril en principio no tiene– es para él un indicador de utilidad social. La única mención en la plataforma de La Libertad Avanza presentada ante la Justicia Electoral refiere a “promover desde el Estado la reparación y ampliación de las redes ferroviarias con recursos privados”. O sea, un modelo que fue ya impuesto en nuestro país hace más de 100 años, cuando los ferrocarriles estaban en manos inglesas.
En una entrevista del año pasado, Javier Milei expresó su decisión de “privatizar la TV Pública, Aerolíneas, ferrocarriles y toda empresa estatal”. La web “La Derecha Diario”, que oficia como una especie de órgano extraoficial de La Libertad Avanza –su titular es Fernando Cerimedo, operador digital de Milei–, publicó en esa línea un artículo reciente sobre el déficit y “fracaso” de los ferrocarriles estatales, reclamando por su privatización.
El artículo, erróneamente, habla de una estatización de la red de cargas que nunca sucedió: fue esta misma gestión la que prorrogó “hasta el próximo gobierno” las concesiones vencidas de NCA, Ferrosur y Fepsa en cargas, y de Ferrovías y Metrovías en el AMBA. Según La Derecha Diario, el plan de Milei para los ferrocarriles es “terminar con la ineficiencia del Estado y privatizar el sistema a través de una amplia red de concesiones”.
Trenes de carga: concesiones vencidas y falta de inversión
En materia de concesiones de carga el próximo gobierno heredará un panorama complejo. La mitad del sistema es operado por la estatal Belgrano Cargas y Logística (Trenes Argentinos Cargas), que durante el último cuatrienio mostró un desempeño comercial superior al de sus competidoras privadas. Las inversiones con financiamiento chino, que atravesaron los tres últimos gobiernos más allá de diferencias políticas, permitieron una importante renovación de material tractivo, la incorporación de material remolcado –todavía insuficiente– y la reactivación de importantes sectores de la red del Ferrocarril Belgrano, hoy revalorizado por la extensión de la frontera agropecuaria.
En el resto de la red, permanecen prorrogadas en forma precaria las concesiones a Nuevo Central Argentino, Ferrosur Roca (responsable de las vías que corren desde Cañuelas hasta Bahía Blanca) Fepsa, empresas que se han negado abiertamente a realizar inversiones relevantes en la red a su cargo a partir de la premisa de que el sistema no resulta rentable y de que, según el modelo de acceso abierto que está legalmente pendiente de implementar desde 2015, la infraestructura debería pasar a ser una responsabilidad exclusiva del Estado.
Cabe preguntarse con qué “recursos privados” podrá sostenerse la inversión en el sistema si son las propias privatizadas del menemismo las que reclaman inversión pública. Ferrosur, incluso, da pérdidas operativas según sus estados contables, aunque llamativamente su controlante –Loma Negra– no muestra la menor intención de desprenderse de ella.
