La Cámara de Diputados anoche por amplia mayoría, y giró en revisión al Senado, un proyecto de reforma de la ley de Alquileres, que contempla la extensión del contrato a tres años, una actualización anual de ese acuerdo basado en un promedio del aumento de salarios e inflación, y un nuevo sistema de garantías.
La iniciativa fue sancionada en general por 192 votos, mientras que 24 legisladores se abstuvieron, en su mayoría del macrismo.
Los aspectos centrales de la reforma del Código Civil y Comercial referido a la ley de alquileres son la extensión de un contrato de dos a tres años, un nuevo mecanismo de actualización anual (en lugar de semestral), que se calculará en base al aumento de la inflación y el salario.
En ese sentido, se establece una fórmula para la actualización de los precios, combinando el IPC (Índice de Precios al Consumidor) con el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).
Otro punto clave del proyecto es que se dispone que el inquilino podrá optar por presentar como garantía un aval bancario, seguro de caución; garantía de fianza; o personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente.También se fija que las expensas extraordinarias deberán ser abonadas por el dueño de la propiedad.
En cuanto al depósito, el dictamen fija que no se podrá pedir «el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes» y determina que el depósito de garantía será devuelto mediante la entrega de una suma equivalente al precio del último mes de la locación, o la parte proporcional en caso de haberse acordado un depósito inferior a un mes de alquiler.
Otro aspecto clave del dictamen es que se deberá declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo, que a la vez deberá dar facilidades para poder cumplir con esta medida.
Además se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a jubilados, pensionados, y aquellas familias que no tengan como acceder a un sistema de garantías.
El presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, dijo que con esta iniciativa se busca «dar soluciones a un problema que afecta a ocho millones de argentinos» y destacó que se tienen que regular estos contratos porque «existe una situación desigual» entre inquilinos y propietarios.
Tras explicar detalles de la ley y defender la decisión de subir de dos a tres años los contratos de alquiler, el diputado macrista dijo que esta propuesta «viene a equilibrar las relaciones entre los sectores».
Por su parte, el diputado kirchnerista, Adrián Grana, manifestó su satisfacción de que, con el inminente cambio de gobierno, «vuelve una agenda a favor de los ciudadanos». Por su parte, el diputado radical Luis Petri señaló «hoy le garantizamos a las ocho millones que alquilan en la Argentina que puedan acceder a una vivienda».
