Los médicos de cabecera de PAMI, agrupados en la Asociación de Profesionales del Programa de Atención Médica Integral y Afines (APPAMIA), comenzaron este lunes una medida de fuerza por 72 horas en rechazo a la reciente Resolución 1107/2026. Según denuncian desde el gremio, esta normativa implica un ajuste drástico que reduce sus ingresos reales a la mitad, al eliminar el pago por consultas presenciales e incentivos por formación profesional, unificando todo en un pago fijo por paciente.
Desde el sindicato calificaron la medida como inconsulta y denunciaron que se aplicó de forma retroactiva al mes de abril. Bajo el nuevo esquema, un médico con dedicación completa pasaría de percibir 2.100.000 pesos a cobrar 1.400.000 pesos, una cifra que consideran insuficiente frente a la alta demanda administrativa y asistencial que requiere el organismo. Los profesionales subrayaron el estrés que genera un sistema que frecuentemente falla, obligándolos a validar consultas fuera de horario para evitar descuentos, mientras deben gestionar recetas, derivaciones e internaciones por un valor de apenas 2.100 pesos por afiliado.
En contraste, las autoridades de PAMI defendieron la resolución argumentando que no se trata de un recorte, sino de una reconfiguración para transparentar el gasto y simplificar la administración. Fuentes del organismo señalaron que el valor fijo por paciente se elevó de 900 a 2.100 pesos, lo que representaría un incremento del 121% en el ingreso básico de los profesionales. Asimismo, indicaron que el endurecimiento de los controles busca corregir irregularidades detectadas en el sistema anterior, donde se registraban prestaciones en localidades distantes que resultaban difíciles de justificar.
El conflicto también golpea con dureza al sector odontológico, que ya lleva un mes en retención de tareas. Los profesionales del área denuncian que perciben solo 374 pesos por paciente, un monto que no llega a cubrir ni siquiera el costo de un cartucho de anestesia. Ante este panorama, APPAMIA presentó una contrapropuesta para elevar la cápita a 6.500 pesos y exige la reincorporación de colegas despedidos, a quienes consideran víctimas de una «relación laboral encubierta». Mientras dure el paro, solo se garantizará la atención de urgencias, afectando la programación de turnos de miles de jubilados en todo el país.
