En un alegato que pareció más un discurso político que una exposición técnica, el fiscal Diego Luciani pidió hoy que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite para ejercer cargos públicos. Además, le impidieron ampliar su declaración indagatoria.
Una gran cantidad de personas se manifestaba esta tardenoche en la puerta de la casa de la vicepresidenta de la Nación, para denunciar la persecución judicial y la proscripción de Cristina Fernández de cara a las elecciones presidenciales de 2023.
El pedido de condena fue formulado por el fiscal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2, tras considerar que la ex mandataria fue la «jefa de la asociación ilícita», a la que se acusa además de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público, algo dudoso de comprobar ya que Cristina ejercía el cargo de jefa de la administración nacional.
Luiciani también pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez, mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.
Funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos (FdT) expresaron hoy su «solidaridad» hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el «hostigamiento político, judicial y mediático» expresado en el juicio que investiga la obra pública en Santa Cruz que, consideraron, tiene el único fin de «proscribir» o «condicionar políticamente» a la exmandataria.
«Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina», escribió el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, que también es abogado, en su cuenta de la red social Twitter.
«En estos 40 años, los argentinos y argentinas hemos consolidado con esfuerzo nuestra democracia. No retrocedamos», pidió De Pedro en su hilo de tuits, a los que adjuntó un posteo de esta mañana de la Vicepresidenta. Para el ministro del Interior, «proscribir» a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es el único «objetivo» de la causa que investiga la obra pública en Santa Cruz.
Fernández de Kirchner también se pronunció hoy en esa red social a través de una serie de posteos. «Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas», afirmó la expresidenta en el primero de sus tuits.
Luciani y un discurso político
Antes de solicitar las condenas, el fiscal le habló a los jueces y utilizó su tiempo también para referirse al impacto de la corrupción: «Sin justicia no hay orden ni paz social. Hoy la sociedad reclama justicia. Está en sus manos, señores jueces. Una sentencia ejemplar puede constituir el primer paso para que las instituciones recuperen la confianza», dijo.
«Señores jueces, este es el momento: es corrupción o justicia», añadió en dirección a los magistrados del TOF 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso, y aprovechó el tiempo también para afirmar que la sociedad debería estar «orgullosa» del trabajo de la fiscalía.
El representante del ministerio público fiscal también requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, dado que para la acusación ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado.
Los párrafos más críticos se los dedicó a la ex mandataria, a quien acuso de haber defraudado «las expectativas de los ciudadanos que la votaron» y a quien le espetó el haber «demostrado desprecio hacia la ciudadanía en general y hacia los ciudadanos de Santa Cruz en especial».
Para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz.
Luciani requirió también que se investigue si hubo irregularidades vinculadas a la obra del Hospital Materno Infantil de Río Gallegos, a partir de conversaciones de whatsapp extraídas del celular de José López, entre el ex funcionario y Abel Fatala.
Allí también pidió que se investigue si de algunos mensajes en particular, utilizado como prueba para su propio alegato, surge la comisión de algún delito.
En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y considero que «se intentó esconder la corrupción» y que «en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política» porque «se optó por eludirla».
En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió «la historia» cuando «bien sabe que es el Poder Judicial» la institución encargada de enjuiciarla.
Antes, el fiscal también le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido «puerilmente a su compañera de fórmula» cuando le tocó declarar en calidad de testigo.
