Una gran sorpresa causó el testimonio del cuarto testigo en declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en el segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez.
Carlos Daniel Gómez, un ex efectivo de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lomas de Zamora, que participó del primer allanamiento en la casa de Marcos Esteban Bazán, situada dentro del predio Santa Catalina, comprometió al gobierno de María Eugenia Vidal, dijo que escuchó una conversación del fiscal Scalera donde alguien cercano a la gobernadora le pedía «un detenido» para bajar la presión mediática del caso.
«El fiscal Scalera le dice al del Juzgado que lo llamaron de la gobernación -en ese momento a cargo de María Eugenia Vidal- para decirle que estaba tomando estado público semejante hecho y que era muy mediático. Le dijo al juez que necesitaba un detenido», expresó Carlos Daniel Gómez acerca de una conversación que escuchó.
Gómez contó cómo fue el procedimiento policial y cómo actuaba Bazán, quien afirmó que en ningún momento mostró resistencia, y señaló que todo el tiempo fue supervisado por la fiscal Fabiola Juanatey, el fiscal adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, y el titular del Juzgado de Garantías N°4, Sebastián Monelos.
Ante lo dicho, el abogado defensor de Bazán, Manuel Garrido, quien además es presidente de la organización Innocence Project Argentina, pidió que conste en actas lo mencionado por el testigo, ya que daba a entender que la detención de su defendido fue aleatoria. Para la defensa, «armaron una causa contra Marcos Bazán porque entraba en el estereotipo que necesitaban».
Cabe destacar que, Gómez fue apartado de su cargo en la DDI de Lomas y que actualmente se encuentra en situación de disponibilidad -condición transitoria en que se encuentra el personal fuera del servicio- tras ser condenado junto a otros 12 efectivos por una causa por extorsión en la feria de La Salada.
Se trata de la misma causa que presidió Scalera, quien en la investigación de la misma estableció mediante escuchas telefónicas que Gómez había abusado sexualmente de su pequeño hijo y sumó esa acusación al expediente.
El ex policía fue condenado en diciembre del año pasado por el mismo Tribunal a siete años de arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.
La necesidad de un detenido
El gobierno de María Eugenia Vidal necesitaba imperiosamente mostrarse distinto a las administraciones anteriores y por eso el caso tuvo toda la presión política.
El procurador macrista Julio Conte Grand (en la foto de esta nota al lado de Vidal), asumió como jefe de los fiscales a fin de diciembre de 2016. O sea que el de Anahí era su primer caso espinoso. Curiosamente, la Policía Bonaerense fue apartada -de hecho- de la investigación y todo se hizo bajo órdenes de la Policía Federal, es decir el área de Patricia Bullrich.
Fiscales, jueces y policías arrancaron en el caso Anahí, metiendo preso al profesor de matemática de la chica. Tenía que ver con que la joven y el docente mantenían diálogo. Lo dejaron en libertad a las 24 horas porque no encontraron nada de nada.
Poco después metieron preso a Bazán, con el argumento de que el perro Bruno -según su entrenador- marcó la casa de Bazán, ubicada junto a la inmensa reserva Santa Catalina de Lomas de Zamora. Sus amigos salieron en su defensa, su novia Florencia consignó que estuvo en esa casa algunos de los días en que Anahí no aparecía y no se encontró vínculo alguno entre la adolescente y Bazán.
Aún así, no hubo caso, el aparato judicial lo dejó preso, sobre todo en base al prejuicio de que era medio hippie, fumaba marihuana y plantaba hongos. Lo condenaron en primera instancia con la única prueba del perro Bruno y luego Casación anuló el juicio y ordenó este segundo que se desarrolla.
