El gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto al excandidato presidencial Sergio Massa y el diputado nacional Máximo Kirchner, mantuvieron una reunión con 84 intendentes de Unión por la Patria (UxP), con quienes trazó un diagnóstico sobre el impacto económico y social que podría provocar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, además de analizar acciones judiciales que ya se presentaron contra diferentes puntos de la norma.
En el cónclave, de tres horas, desarrollado en la Casa de Gobierno bonaerense de la ciudad de La Plata, de la que también participaron legisladores nacionales y provinciales y dirigentes gremiales, se hizo especial hincapié en la «incertidumbre» generada en los municipios ante el DNU presidencial, en un escenario marcado por la escalada general de precios, y en las «dificultades» que afrontan los intendentes para «hacerse cargo de obligaciones, como el pago de salarios», según informó el propio Kicillof ante la prensa al término del encuentro.
«Fue una reunión convocada de urgencia, la presentación del decreto la generó», explicó el mandatario desde las escalinatas de la Gobernación, acompañado de la vicegobernadora, Verónica Magario, la senadora nacional Juliana Di Tullio y el intendente de Florencio Varela, Andrés Watson.
En el encuentro, los intendentes, legisladores y gremialistas escucharon de boca del gobernador, de Massa y del presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, un acabado análisis sobre la situación económica y los efectos que podría generar el megadecreto anunciado el miércoles pasado por MiIei.
«Realizamos un diagnóstico y reporte por la situación que se está viviendo por la devaluación, la crecida de precios en la nafta y alimentos y como está afectando este programa -como lo llamó Milei- de estabilización que tiene un apretón fiscal y monetario y una devaluación muy fuerte que afectó sobre todo a los sectores populares», sostuvo el gobernador, que estuvo acompañado por los ministros de su equipo.
Kicillof explicó que se reunieron porque comprendieron que «ante una cuestión de esta naturaleza tenemos la obligación de analizar con seriedad y responsabilidad, defendiendo lo que tenemos que defender y poniendo también muy en claro que acá no están en juego nuestros principios por haber perdido una elección nacional ni nuestras banderas».
«Tenemos una responsabilidad muy grande y tratamos de ejercerla», agregó para luego subrayar que «lo que quedó en claro con este plan es que no tiene nada de novedoso, es un plan de ajuste clásico, con ajuste de gastos y monetario».
En ese sentido, evaluó que las medidas tomadas por el Ejecutivo provocaron «una regresión de los ingresos» y que «se está viendo en toda la provincia el desabastecimiento de productos».
«Hay muchas empresas que tomaron este DNU como válido, están planificando aumentos y ya dieron del orden del 40%», aseguró, resaltó que «esto genera un desplazamiento del sistema de prepagas al sistema público» y señaló que «por ende, la paradoja es que cuando parecía que venían a privatizar determinadas cosas se termina estatizando porque recae sobre el estado; lo mismo está pasando con las escuelas públicas».
Sobre las medidas a tomar ante el DNU, recordó que «hay varias acciones judiciales contra diferentes puntos del decreto de parte de diferentes sectores y gremios», e insistió en que las medidas del Gobierno nacional «están golpeando muy fuerte en el bolsillo de la gente».
«Subieron los medicamentos 90% y los alimentos. Los planes de ajustes afectan en la provincia donde reside el aparato productivo de la Argentina y hogares que tienen vulnerabilidad social», graficó.
