Con el dictamen conseguido en la Comisión de Trabajo de Diputados para que se declare durante 180 días «la emergencia pública ocupacional en todo el país» empieza a nacer otra vez un proyecto de ley antidespidos, tal como la que Mauricio Macri dejó sin efecto en 2016, anuncio que hizo público en Cresta Roja.
La iniciativa, de aprobarse, sería retroactiva al 19 de junio e impedirá suspensiones y despidos sin justa causa en los ámbitos público y privado, según el proyecto de diez artículos.
El proyecto fue elaborado por la Comisión de Proyectos de Ley y Gestión Administrativa de la Juventud Sindical y presentado por legisladores de varios espacios políticos.
Un comunicado de la Juventud Sindical Nacional (JSN) sostuvo que frente a «un neoliberalismo individualista que intenta la destrucción de la solidaridad entre los trabajadores, las relaciones laborales exceden de forma amplia el interés privado de las partes y proyectan sus efectos sobre la Nación», por lo que respaldó la iniciativa.
La última medición del Indec arrojó que 10,1 por ciento de la población económicamente activa (o sea, las personas que buscan trabajo de modo formal) está desocupada, el peor índice desde los años en que gobernaba Carlos Menem, cuando el desempleo llegó a ubicarse en 18,4 por ciento.
