La fiscal federal Paloma Ochoa imputó ayer al ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y a la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por nombrar como subsecretario al director de una empresa a la cual deberá controlar como funcionario del Estado.
«El director de Ebisa, que es Jorge Marcolini, hará entrega de la evaluación al subsecretario de Energía Hidroeléctrica, que es él mismo», según denunció Fernando «Pino» Solanas, quien dijo que Alonso tiene «cajoneada en la Oficina Anticorrupción desde noviembre del año pasado una denuncia de las ONG’s sobre este conflicto de intereses de Marcolini».
Los funcionarios fueron acusados de nombrar a Jorge Marcolini como subsecretario de Energía Hidroeléctrica, para que controle las obras de las represas santacruceñas sobre las que elaboró un informe ambiental que ahora -como funcionario- deberá aprobar.
Marcolini fue directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (Iatasa), la empresa responsable de realizar el informe ambiental de la obra de las represas Kirchner y Cépernic sobre el río Santa Cruz y ahora, como funcionario, «es el encargado de aprobarlo».
Los denunciantes detallaron también que el 10 de diciembre de 2015 Marcolini asumió como subsecretario de Energía Hidroeléctrica y el 27 de enero de 2016 fue designado director titular de Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (Ebisa), la empresa encargada de presentar el nuevo estudio de impacto ambiental.
