La Organización de las Nacional Unidas (ONU) determinó que hubo un entramado de ‘acusaciones consecutivas’ e inicio de causas judiciales para sostener la privación de la libertad de Milagro Sala, concluyó «que en este caso se está vulnerando la independencia judicial» y le pidió al Gobierno Nacional la liberación inmediata de la dirigente social jujeña.
Al analizar las causas judiciales por las que Sala está privada de la libertad, la entidad concluyó que «no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva» y además «consideró que no se demostró que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad».
El Grupo entendió que la detención de Sala «se dio como resultado del ejercicio de sus derechos humanos», solicitó que sea inmediatamente liberada, que se investigue la violación de sus derechos y que el Estado informe cómo va a asegurar que estos hechos no vuelvan a repetirse.
Según el Grupo de Trabajo de la ONU, «el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada». Además, «entendió que Milagro Sala por su condición de parlamentaria del Mercosur contaba con fueros que impedían su detención».
El Estado argentino tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de Trabajo, en este caso como consecuencia de una denuncia presentada por Amnistía Internacional, el Cels y Andhes en febrero de este año, luego de la detención de Milagro Sala en la provincia de Jujuy.
