El secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, anunció la suspensión de 2.008 proyectos que no continuarán bajo la órbita de la secretaría de Gobierno, lo que representa un freno al 70 por ciento de las obras iniciadas por el gobierno anterior y frenadas desde que asumió Javier Milei. La mayoría de esas obras están casi terminadas, pero decidieron frenarlas de todos modos.
La administración nacional detalló que el 73% (es decir, 2.008 obras) de los planes de infraestructura serán frenados y se reprogramarán 347 obras sin una fecha definida.
Quedan 376 proyectos bajo la responsabilidad de Nación para su posterior ejecución, lo que representa el 14% del total de proyectos inicialmente considerados por la administración de Javier Milei. Pero no tienen fecha cierta de ejecución.
La Unión Obrera de la Construcción (Uocra) alertó por la pérdida de 80.000 puestos de trabajo desde el 31 de diciembre, en un informe difundido a mitad de marzo. Y los empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción le dijeron al ministro de Economía, Luis Caputo, que no se trata de un cataclismo natural, sino de una deliberada decisión del gobierno nacional por priorizar el frente fiscal.
«La parálisis de la obra pública produce un daño fiscal enorme», dijo el representante de los empresarios, Gustavo Weiss. «Existen 3.500 obras públicas nacionales paralizadas, muchas no han recibido ningún pago desde noviembre pasado y no tienen perspectiva de solución ni eventual reinicio», les dijo a los funcionarios nacionales.
Las provincias tomarán la responsabilidad de 914 obras. El problema con el traspaso de las obras de infraestructura es el financiamiento. En ninguno de los acuerdos firmados se hizo público el mecanismo para costear los proyectos. Queda claro que no con fondos del tesoro nacional.
