Diputados nacionales de diferentes bloques, junto a militantes de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, presentaron este martes en la Cámara de Diputados el proyecto de ley para despenalizar el aborto que lleva la firma de 71 diputados, en el marco de una conferencia de prensa que se realiza en el Congreso.
El proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), que constituye la séptima instancia formal para que el Parlamento debata el tema, es impulsado por las diputadas Victoria Donda (Libres del Sur), Brenda Austin (UCR-Cambiemos), Mónica Macha (Frente para la Victoria-PJ) y Romina del Plá (Partido Obrero-Frente de Izquierda). La mayoría de los firmantes pertenece al FpV; hay 14 de la UCR, 5 del PRO (cuatro varones y una mujer), tres de la fuerza que lidera Martín Lousteau –él mismo firmó–; otros tres del Frente de Izquierda.
Los abortos inseguros es una de las principales causas de muerte materna en la Argentina. Desde la recuperación de la democracia murieron 3030 mujeres por abortos inseguros. Cada día, 153 llegan a un hospital público con complicaciones relacionadas con la interrupción de un embarazo, de acuerdo con las últimas estadísticas oficiales disponibles.
El proyecto busca despenalizar esta práctica dentro de las 14 semanas de gestación y será girado a cuatro comisiones, con cabecera en la de Legislación General, que preside el macrista Daniel Lipovetzky.
El reclamo por la legalización del aborto será una de las reivindicaciones centrales del segundo Paro Internacional de Mujeres que se realizará este 8 jueves 8 de marco. El #8M comenzará en la Ciudad de Buenos Aires con un ruidazo a las 11 de la mañana, continuará con una concentración en la Plaza de Mayo y una posterior marcha al Congreso a partir de las 17:30.
El proyecto
El proyecto establece en su artículo 1.º que «en ejercicio del derecho humano a la salud, toda mujer tiene derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas del proceso gestacional». Además, asegura que toda mujer tiene derecho a acceder a la realización de esta práctica del aborto en los establecimientos del servicio de salud «en un plazo máximo de 5 (cinco) días desde su requerimiento».
La iniciativa también contempla tres casos en los cuales la mujer tiene derecho a interrumpir su embarazo: 1) si este fuere producto de una violación, con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona ante el profesional de salud interviniente; 2) si estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer; y 3) si existieren malformaciones fetales graves.
A su vez, obliga a todos los efectores del servicio público de salud, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga a la cobertura integral de la interrupción legal de embarazo, que se podrá efectuar «sin ninguna autorización judicial previa».
«La sociedad y el Estado deben debatir este problema y encontrar soluciones que den respuesta a un problema que no puede continuar en el campo de la clandestinidad y de la negación en su importancia socio-sanitaria», se sostiene en los argumentos del proyecto.
Y se agrega: «Las complicaciones relacionadas con el aborto son la primera causa de muerte materna, y de esta manera se vulneran derechos fundamentales tales como: acceso a la salud, derecho a una vida sana y plena, derecho al ejercicio de la autonomía y autodeterminación sobre el propio cuerpo, la sexualidad y la reproducción».
Hasta el momento, la interrupción del embarazo en la Argentina es posible en algunos pocos casos, definidos como no punibles en el art. 86 del Código Penal. Allí expresamente se despenaliza el aborto cuando se trata de un caso de embarazo producto de una violación o de un atentado al pudor de una mujer demente o idiota, o cuando corre peligro la vida y la salud de la mujer.
La interrupción del embarazo puede realizarse a través de técnicas farmacológicas o a través de técnicas instrumentales o quirúrgicas. Ambas técnicas requieren la intervención o supervisión de profesionales de la salud. «La reglamentación de este proyecto asegurará el acceso a todas las prácticas médicas posibles encuadradas dentro de las Prestaciones Médicas Obligatorias de forma tal de garantizar su acceso para toda la población», afirman los impulsores de la iniciativa.
