En forma unánime, los jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, Elena Higton de Nolasco, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, dictaron un fallo adverso para el Gobierno de Macri: anularon el tarifazo en el gas para los usuarios residenciales. Además ordenaron realizar audiencias públicas para definir las subas y retrotrajeron el cuadro tarifario a los valores que regían previo al aumento dispuesto por el Ejecutivo.
«La audiencia pública previa es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas«, argumentaron los magistrados y apuntaron que «no es válido fundarse en una audiencia del año 2005 para una decisión que se adopta en el año 2014, ni una medida transitoria hasta tanto se celebre una audiencia».
Respecto a los usuarios residenciales, las «tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto por las resoluciones que se invalidan». Asimismo, la Corte, por unanimidad, ratificó la tarifa social y advirtieron al Congreso de la Nación que es necesario cubrir el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación, que se encuentra vacante desde 2009.
En cuanto a que el freno al aumento se limite solo a los usuarios residenciales y no abarque a los comercios e industrias, el máximo tribunal esgrimió que para los procesos colectivos «deben existir intereses individuales homogéneos».
Con respecto a la tarifa social, la Corte Suprema dispuso que «las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el corriente año en relación a la tarifa social y a la protección de los sectores más vulnerables se mantienen».
