Al escándalo de las coimas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, le sigue el de PAMI. Es que la obra social más grande del país quedó envuelta en un nuevo escándalo que expone cómo los bolsillos de los jubilados terminan siendo la caja chica del gobierno de Javier Milei. Esta vez, el foco está puesto en la compra de lentes intraoculares para cirugías de cataratas: insumos esenciales para devolver visión a miles de afiliados, pero que fueron facturados al Estado con precios inflados hasta diez veces más que su valor real. Hace dos días, una ex funcionaria del PAMI y diputada suplente de La Libertad Avanza (LLA), Viviana Aguirre, aseguró que el presidente Javier Milei «es un estafador internacional» y que su hermana «Karina Milei es una cajera sin escrúpulos» al ratificar en los medios la denuncia sobre supuesta corrupción en la obra social de los jubilados nacionales. >Había dicho que le ofrecieron la dirección del PAMI pero ella debía darle un millón de pesos por mes a Sebastián Pareja, el armador político de Milei. «El recauda para Karina», denunció Aguirre.
El sistema fue expuesto y narrado con lujo de detalles en el programa de Luciana Geuna de TN. La operatoria de adquisición hasta julio funcionaba de manera descentralizada —cada oftalmólogo compraba los lentes y luego rendía las facturas al PAMI—, pero de repente cambió de un plumazo y PAMI comenzó a centralizar las compras.
En agosto, mediante la resolución 1737/2025, la conducción libertaria de la obra social dio de baja ese esquema y lanzó una licitación por $80.000 millones para un año, con opción de prórroga. El argumento oficial fue garantizar trazabilidad, stock y control. Sin embargo, lo que debería haber significado un ahorro se convirtió en una catarata de sobreprecios.
Los profesionales reaccionaron rápido. Más de 500 oftalmólogos en un chat nacional comenzaron a cruzar facturas y valores de mercado. El resultado fue escandaloso: el mismo lente que ellos compraban por $28.000 a $35.000, el PAMI lo estaba pagando entre $150.000 y casi $300.000. En algunos casos, la diferencia era de casi diez veces más.
Los ejemplos abundan y son contundentes. Implantec S.A. vendió a un médico 100 lentes Acryfold a $24.800 cada uno, pero al PAMI se los facturó a $162.166. Visión Médica S.A. ofreció lentes Eyeol a $28.249, mientras que el organismo los pagó $279.704. Otro laboratorio, MCZ, pasó un presupuesto de $32.000 más IVA por una lente Auroflex; el PAMI desembolsó $177.939.
El problema no es solo financiero
La centralización también trajo demoras: muchos envíos no llegan a tiempo y cirugías ya programadas deben ser reprogramadas, afectando a los jubilados que esperan recuperar la vista. Es decir, además de pagar más, se atiende peor.
Desde el PAMI defendieron el nuevo sistema. Aseguraron que el precio incluye no solo el lente, sino también soluciones viscoelásticas, logística, trazabilidad y provisión continua, que la factura no describe. Incluso compararon: “OSDE paga $1.148.000 y la obra social del Poder Judicial $740.000 por la cirugía completa, mientras que nosotros gastamos $565.000”. El discurso oficial intenta relativizar, pero la distancia entre lo que paga un médico en el mostrador y lo que paga el Estado sigue siendo obscena.
