El fiscal Carlos Stornelli imputó ayer al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a su ministro de Salud, Fernán Quirós, al requerir que se investigue la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.
El fiscal dio impulso a dos denuncias recibidas el martes en las que se apuntó a “las acciones llevadas a cabo en el marco del plan de vacunación desarrollado en establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
El fiscal presentó el requerimiento ante el juez federal Ariel Lijo, a quien le solicitó que disponga una serie de medidas de prueba para, en principio, poder reconstruir los convenios suscriptos por el Gobierno porteño con establecimientos sanitarios privados y/o de carácter social en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ejecutar el Plan Estratégico para la Vacunación contra la Covid-19. Stornelli también buscará establecer la totalidad de los lotes de vacunas recibidos en la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuál fue el destino que le dio el gobierno porteño.
En este sentido, el juez Lijo ordenó la realización de un procedimiento en el Ministerio de Salud de la Ciudad para obtener información vinculada a la distribución de las dosis asignadas al distrito porteño. Para concretar la medida se dispuso personal de la Gendarmería Nacional y se trata de una «orden de presentación» que podría transformarse en allanamiento si desde el ministerio se negaran a brindar la información requerida.
Una de las denuncias había sido presentada por la abogada Natalia Salvo, en su condición de vecina y ciudadana expuesta a contraer Covid, quien pidió ser tenida como parte querellante.
