Hace 10 años, el 15 de julio de 2010, Argentina sancionaba la ley del Matrimonio Igualitario convirtiendo a nuestro país es el primero de América Latina en reconocer este derecho en todo su territorio nacional. Además, es el segundo de América (después de Canadá) y el décimo a nivel mundial en legalizar este tipo de unión entre las personas del mismo sexo.
El debate social entorno al reconocimiento o no de este derecho marcó el inicio de una nueva generación de cuidadanos y cuidadanas que ponen el cuerpo en la calle para reclamar y visibilizar sus realidades. Durante los meses previos al tratamiento de la ley en el Senado, la senadora Liliana Negre de Alonso por la provincia de San Luis, presidenta de la Comisión de Legislación General y miembro del Opus Dei, trasladó el debate a las provincias del interior del país, donde en varias oportunidades remarcó que sería “el fin de la familia”.
“Las familias ya son diversas, ya son distintas, eso ya existe en la realidad, lo que pasa es que no hay correlato entre eso y lo que vemos en manuales o dibujos animados. Les niñes necesitan ver representadas sus realidades ahí”, explica María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, aPágina 12.
La Ley 26.618, conocida comúnmente como la ley de matrimonio igualitario, es el resultado de múltiples proyectos y años de lucha de movimientos LGBTI por acceder a un reconocimiento que se les era negado. Los distintos proyectos avanzaron y hacia mayo de 2010, la Cámara de Diputados aprobó una combinación de dos leyes propuestas para modificar el Código Civil del mismo año.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, luego de 9 años de la votación de esta ley, hubo 4.124 matrimonios entre personas del mismo sexo, según indica la Dirección General de Estadística y Censos porteña. En la Provincia de Buenos Aires, entre 2016 y 2018, se concretaron 1.187 matrimonios igualitarios.
A pesar de la sanción de la Ley, las resistencias sociales siguen latentes. Desde la discriminación pero también desde la no aceptación legal. “Los derechos están, las familias ya existen, lo que falta es mostrar la diversidad familiar en la educación porque está profundamente binarizada”, afima Rachid.
Argentina se ubicó entre los primeros diez países del mundo en reconocer el derecho pleno de la población LGBTI y permitió que, a partir de esos matrimonios, se constituyeran familias con los mismos derechos y obligaciones e igualdad de condiciones que las familias heterosexuales, incluida la adopción.