Huelgas de hambre y disturbios vienen registrándose en diversas cárceles del país durante el periodo de cuarentena por coronavirus. Un total de 44.832 presos de 43 cárceles bonaerenses renunciaron temporalmente a las visitas familiares, lo que representa el 99,72% de los interinos del Servicio Penitenciario Bonaerense. Los detenidos exigen que la Justicia ordene excarcelaciones y arrestos domiciliarios.
Las cinco máximas autoridades de la Unidad Penitenciaria 23 de Florencio Varela fueron desplazadas de su cargo tras los incidentes registrados el miércoles pasado, que finalizaron con un preso asesinado que presentaba lesiones de postas de plomo y de goma, y otros 40 heridos de distinta consideración, se informó oficialmente.
El martes, un preso murió y otras 14 personas resultaron heridas, entre ellas dos agentes penitenciarios, durante un motín en la Unidad Penal Nº 1 de Corrientes.
La cárcel de Devoto también fue escenario de incidentes. Allí hay 1692 detenidos y esta semana se confirmó el primer caso de coronavirus en un agente penitenciario. Los presos rompieron parte del tinglado de chapa y prendieron fuego. Su principal reclamo fue “no morir en la cárcel por coronavirus”.
En Santa Fe también se vivió otro incidente la semana pasada. Unos 300 presos de la cárcel de Coronda se amotinaron en los techos y hubo un muerto.
La Cámara de Casación Penal Federal y el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos recomendó a los distintos Juzgados tener muy en cuenta la situación de los presos en las cárceles a fin de evitar que se contagien de coronavirus. De esa manera, en la provincia recibieron el beneficio desde el 10 de marzo al 20 de abril 161 privados de la libertad.
Pero no es un conflicto solamente de la Argentina: al menos 1.350 presos se fugaron este lunes de tres cárceles del estado brasileño de San Pablo, el más poblado del país y otros presos de la unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay se amotinaron por mejores condiciones de higiene y salud.
La OMS publicó una guía para abordar el Covid-19 en las cárceles. “Las autoridades estatales deben establecer un sistema de coordinación actualizado que reúna a los sectores de la salud y la justicia, mantenga al personal penitenciario bien informado y garantice que todos los derechos humanos en las instalaciones respetado“, sostuvo la organización.
