Ocho de cada diez mujeres reconocen haber sido víctimas de situaciones de acoso callejero que incluyeron tanto expresiones verbales como toqueteos. Así lo reveló un sondeo de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
El 97 por ciento de los casos no realizó la denuncia, según se desprende del informe, elaborado por el Observatorio de Niñez y Adolescencia del organismo, apuntó a analizar una práctica cotidiana y masiva pero cuyo impacto es poco observado.
En base al testimonio de 300 mujeres de distintas edades de las localidades de La Plata, Ezeiza, Esteban Etcheverría y Lomas de Zamora, se evidencia que el hostigamiento comienza en la preadolescencia.
El relevamiento detectó que 8 de cada 10 mujeres sufrieron situaciones de acoso callejero y el 97% no lo denunció y el 60% indicó que el acoso fue verbal, el 3,5% físico y el 35% incluyó las dos formas.
Además determinó que el 37% de estas situaciones se produjeron en la vía pública; el 18% en plazas; otro 18% en medios de transporte y el 10% en el trabajo. En tanto, las víctimas de acoso indicaron que el 74% fue provocado por desconocidos; el 18% por conocidos, mientras que el 8% sufrió estas situaciones tanto por conocidos como por desconocidos.
El informe determinó que el 22% de las víctimas sintió rabia por la situación; el 21%, miedo e inseguridad; el 20%, asco; el 18%, impotencia; el 10%, vergüenza, y el 5%, confusión
Sobre la base de este trabajo, el organismo que preside Guido Lorenzino elaboró una serie de propuestas, entre ellas el diseño de un marco jurídico provincial para prevenir, tratar y sancionar el acoso callejero en el espacio público.
También prevé la creación de un programa provincial cuyos objetivos sean la asistencia, orientación y acompañamiento a las víctimas, en base al vínculo con organizaciones de la sociedad civil, entidades educativas y el Estado.
Además, propone la modificación del código de faltas provincial sobre acoso callejero en el espacio público estableciendo nuevas sanciones y que lo recaudado por motivo de estas sanciones sea destinado a programas de prevención y asistencia a las víctimas.
Asimismo, plantea la incorporación a la currícula escolar de contenidos que cuestionen y expongan el acoso callejero con perspectiva de derechos humanos y que se construyan indicadores que permitan observar la evolución de la temática.