Una fiscal solicitó el juicio oral y público para dos hombres acusados de explotar sexualmente a 5 jóvenes, una de ellas menor de edad en un prostíbulo que funcionaba a pocas cuadras de la estación de Lomas de Zamora y al cual concurrían habitualmente – según los propios imputados – policías de distintas comisarías.
La medida fue adoptada por la fiscal María Delia Recalde, titular la UFI 9 de Lomas de Zamora, especializada en Trata de Personas, delitos sexuales y pornografía infantil. El prostíbulo en donde se efectuaba, según la acusación, la explotación de las jóvenes estaba ubicado en la avenida Alsinal al 1400 y llamaba “Yacaré”.
Uno de los imputados había alquilado el lugar a sabiendas de que funcionaba un prostíbulo y tenía vínculos con quien lo administraba y el otro, Ramón Castillo , era quien administraba diariamente el prostíbulo.
Según informa el portal de noticias Diario Conurbano, los clientes llegaban al lugar, donde había una barra y un pool, y allí arreglaban un “pase” con las jóvenes. Tras arreglar el pago, de acuerdo a todos los testimonios de la causa, la joven explotada y el cliente se dirigían al Hotel Saboya, ubicado también sobre la avenida Alsina, a dos cuadras de la estación de Lomas.
“Si no volvíamos en una hora, Castillo nos imponía una multa de 100 pesos”, señalaron las víctimas. Las jóvenes y los protituyentes eran trasladados en un remise, ya que el prostíbulo tenía un acuerdo de este tipo con una agencia ubicada en el centro de Banfield.
Tras negar los cargos, Castillo declaró – al igual que las jóvenes – que a “Yacaré” concurrían efectivos policiales, inclusive un comisario, de distintas comisarías, casi todas de Lomas de Zamora. No obstante, no se comprobó la existencia de un “arreglo” entre los efectivos y los administradores del local.
Un hecho significativo tuvo lugar cuando personal de Gendarmería Nacional allanó el lugar. Como cliente estaba un policía que fue detenido porque tenía un pedido de captura por homicidio ocurrido varios años atrás.
Durante ese operativo, también se secuestró una bolsa con 15 gramos de cocaína, delito que le fue imputado al administrador.
En la investigación también quedó acreditado que por el lugar transitaban constantemente móviles policiales e, incluso, algunos días estacionaban frente al prostíbulo.
La fiscal Recalde acusó a Ramón Castillo de “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena agravada por ser una de las personas menor de edad en concurso real con tenencia simple de sustancia estupefaciente”, y a Edgardo Lemos por “explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena”.