El Gobierno bonaerense denunció que un grupo de organizaciones que forman parte de la ocupación de los terrenos en la localidad bonaerense de Guernica “impidió de manera violenta la asistencia de la mesa interministerial” a las familias que se encuentran en el predio.
“Asistimos a una situación grave e inédita”, expresó el Gobierno bonaerense en un comunicado en el que indicó que un “grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio, obstruyendo la labor del Estado”.
En el marco de la jornada de asistencia integral en la toma de Guernica, llevada adelante con representantes de los municipios de Presidente Perón, Lomas de Zamora, Almirante Brown Florencia Varela, Esteban Echeverría, San Vicente y Ezeiza, un grupo de organizaciones políticas que forman parte de la ocupación decidió impedir de manera violenta la asistencia a las familias que se encuentran en el predio.
El esquema implicaba la instalación de oficinas móviles de atención y contó con la participación de 150 trabajadores y trabajadoras de los ministerios intervinientes que se hicieron presentes para asistir a las familias la entrega de agua potable, alimentos secos, alcohol en gel, pañales, zapatillas, frazadas y barbijos; a la vez que distribuir viandas de comida caliente luego del temporal.
A su vez, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual visitaría personalmente a las mujeres víctimas de violencia de género a las que ya se encuentra asistiendo; y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia buscaba constatar la situación de las y los menores que se encuentran en el predio. Esta actividad no se pudo llevar a cabo por la decisión de un sector de organizaciones.
El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, junto a las otras áreas del Estado provincial y el municipio de Presidente Perón, informaron que están desarrollando todos los esfuerzos “para lograr una resolución pacífica y consensuada”, En ese marco, a solicitud de ese ministerio, el juez interviniente en la causa postergó el desalojo previsto para el día 23 de septiembre, estableciendo como nueva fecha el 1 de octubre.
Desde el Ministerio remarcaron que asumen el compromiso de seguir caso por caso la situación de cada una de las familias que presente real necesidad. “La problemática de hábitat involucra a miles de personas en el distrito de Presidente Perón y a muchísimas más en la provincia de Buenos Aires, que no están en situación de toma.”El Estado está trabajando para dar una respuesta estructural, pero reiteramos que las vías de solución deben ser institucionales y que la toma de tierras de ninguna manera puede ser el camino”.
Finalmente, “reafirmamos nuestra voluntad de diálogo. A tales efectos vamos a sostener la acción coordinada entre los gobiernos nacional, provincial y municipal con el fin de encontrar una solución al conflicto”.
