Luego de que trabajadores del supermercado COTO denunciaran que la cadena ya acumula 300 casos positivos de Covid-19, algunos que fueron obligados a ir a trabajar, y que 56 sucursales están en «completo abandono sanitario», se inició una demanda penal contra la empresa.
La denuncia fue realizada por fiscal federal Franco Picardi después de una investigación preliminar, en la que encontró «motivos suficientes» para formular las imputaciones por presuntas «conductas delictivas» a los responsables de distintos locales de la cadena de supermercados.
Según pública el portal Gestión Sindical, empleados habrían contraído el virus COVID-19, «sin que, con posterioridad, fueran adoptadas las medidas sanitarias correspondientes al caso» y «las distintas sucursales y la casa central habrían continuado con la atención al público, y no se habrían realizado los aislamientos obligatorios, incrementándose el riesgo de contagio».
La justicia investigará si en determinadas sucursales «obligarían a concurrir al lugar de trabajo a personal que dio positivo respecto al virus COVID-19 (en una de las sucursales) y a personas que habrían tenido contacto estrecho con un caso positivo».
«En orden a la naturaleza de los hechos analizados y el contexto en el que se denuncian, y considerando el resultado de las diligencias practicadas y el estado en el que se encuentra la investigación, entiendo que se encuentran reunidos motivos suficientes para formular la correspondiente denuncia penal a fin de que se investiguen las posibles conductas delictivas atribuidas a los responsables de los locales de la firma Coto C.I.C.S.A» de una docena de sucursales, concluyó el fiscal.
En un carta abierta las y los trabajadores de la cadena de supermercado, exigieron la intervención del Poder Judicial o Ejecutivo para normalizar la situación en la empresa respecto de los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia. «Cuál es la razón para que una cadena que emplea a 20 mil trabajadores con un caudal diario enorme de clientes, muchos de ellos adultos mayores, no tenga que dar explicaciones ante el sindicato, la justicia, la política, la prensa«, expresan.
«Somos esenciales, no descartables. No les pedimos que hagan nada de otro mundo, solo cumplir con lo que deben», denunciaron los trabajadores en la carta pública.
En el inicio de la cuarentena, el propio Alfredo Coto, dueño de la cadena de supermercados y que por su edad está comprendido en los grupos de riesgo, apareció en La Matanza protestando con barbijo para evitar el cierre de una de sus sucursales.
Poco después, el 22 de junio pasado, se viralizó un video del gerente de operaciones de COTO, Eduardo Búfalo, amenazando a inspectores que iban a cerrar una sucursal tras detectarse casos de Covid-19 sin que la empresa tomara medidas.
