El Interbloque Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal bloquearon en el Senado el tratamiento sobre tablas de la Ley de Alquileres que cuenta con el respaldo de las asociaciones de inquilinos, sobre todo en los puntos referidos a la extensión de los contratos y a la nueva forma de calcular los aumentos.
En la tercera sesión por videoconferencia que se realiza desde que rige el aislamiento social, preventivo y obligatorio, los bloques opositores trabaron el debate al no habilitar su tratamiento sobre tablas y no contar el oficialismo con los dos tercios de los votos necesarios para poder hacerlo.
Desde la asociación Inquilinos Agrupados salieron a criticar la decisión: “la oposición votó en contra de 9 millones de inquilinos que esperamos hace 5 años alquilar de forma un poco más justa”.
Los inquilinos atribuyeron el traspié a “mezquindades políticas” y agregaron: “nos han dejado a millones de inquilinos esperando una semana más para saber si vamos a poder tener, al fin y al cabo, un Congreso que realmente represente nuestros intereses”.
“Siempre supimos que nos enfrentábamos a un poder muy importante. No bajaremos los brazos”, aclararon a través de un comunicado en el que llamaron al Gobierno nacional a entender que “una ley tan sustancial no puede ser tratada con el desprecio que ha sido tratada”.
“Ojalá también el oficialismo entienda la grave situación que atravesamos en materia de vivienda, y actúe en consecuencia”.
Estos son los lineamientos de proyecto de alquileres:
• El índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).
• El plazo mínimo de la locación de inmueble serán tres años.
• No podrá exigirse al locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes. El importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler.
• Introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler, dado que en caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que realice alguna reparación urgente, el locatario puede realizarlas por sí a cargo del locador, una vez transcurridas 24 horas de la notificación.
• El locatario no tiene a su cargo el pago de impuestos que graven a la propiedad -como el ABL y ARBA- ni el pago de expensas comunes extraordinarias.
• Los locadores deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario (recibo de sueldo o certificado de ingresos que pueden sumarse en caso de ser más de un locatario).
• El locador deberá informar con tres meses de anticipación si renueva y las condiciones para el nuevo contrato.
• Establece que el locador debe intimar fehacientemente al locatario dando un plazo no menor a 10 días corridos de recibida la notificación y lugar de pago previo a la acción judicial de desalojo.
• Será obligación del locador declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo.
• Para la resolución de conflictos, el proyecto establece que deberán crearse en el ámbito público de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo.
• La intermediación en el contrato de alquiler sólo podrá estar a cargo de un profesional matriculado y si interviene un solo corredor, ambas partes, propietario e inquilino, deberán pagar comisión.
• Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal para personas en situación de vulnerabilidad.
