El gobierno nacional formalizó su decisión de facilitar el acceso de pensiones no contributivas a personas con discapacidad, al tomar una serie de resoluciones y anular disposiciones que había implementado la gestión anterior, como el otorgamiento de un certificado digital que restringía los accesos al beneficio.
La resolución 8/2020 de la Agencia Nacional de Discapacidad publicada hoy en el Boletín Oficial establece nuevas medidas para la obtención del Certificado Médico Oficial Digital (CMO), requisito obligatorio para la obtención de pensiones desde la implementación de la resolución 44/2019 del gobierno de Mauricio Macri.
La nueva disposición deja sin efecto esa resolución por considerarla “un instrumento que se había transformado en un impedimento para que las personas más vulnerables obtuvieran el beneficio”, según indicaron autoridades a Télam.
Y advirtieron que, tal como estaba planteado ese requisito, “no se contemplaba la diversidad geográfica de la Argentina ni el acceso a recursos informativos”.
Entre los considerandos publicados en la nueva resolución se destaca que “el estado de necesidad manifiesta y la especial vulnerabilidad” de los beneficiarios “exigen urgentes medidas que optimicen la aplicación de los recursos de la Agencia Nacional de Discapacidad y permitan restablecer las prestaciones esenciales”.
En ese marco, se advierte además que “el déficit en el sistema sanitario, la diversidad geográfica y los problemas en la conexión a internet, se erigen como los principales obstáculos para poder lograr la tramitación del CMO Digital”.
“El sistema informático no es apto para la totalidad de las personas beneficiarias, ya sea porque no cuentan con recursos, conexión a internet, traslado para poder llegar a cumplir con este requisito, entre otros, situación que se ve agravada por el desborde actual de los establecimientos sanitarios oficiales”, se añade.
Por lo tanto, se instruye a “posibilitar la obtención del Certificado Médico Oficial por otras vías que no sean exclusivamente las digitales”.
También “se garantizará el inicio del trámite correspondiente, a través de las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS)”, agrega la nueva normativa.
Además, se deja sin efecto la resolución N° 76 de fecha 27 de febrero de 2019 de la Agencia que establecía pautas para el otorgamiento de las pensiones basadas en la determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad de las peticiones.
