Por Roberto López (abogado, magister en Defensa Nacional).
A partir de 1983 se establecieron mesas de consensos de las cuales participó todo el arco político, con una representación que sentó las bases de muchas de las políticas de largo plazo aplicadas en estos 35 años de democracia. Tal vez la más compleja, debatida, y finalmente consensuada, terminó siendo la política de defensa nacional. En 1988, como producto de amplios consensos, vio la luz la ley 23554, o Ley de Defensa Nacional que sentó las bases fundacionales de la defensa nacional, en donde se previó el rol y ámbito de utilización del instrumento militar y cuáles son sus roles secundarios.
Esa norma establece la necesidad de una ley especial que administre y entienda sobre la seguridad interior que recién en 1992 vería a luz con la sanción de la Ley 24059, que determinó los lineamientos en esa materia y estableció cuáles son las fuerzas de seguridad que tienen carácter federal (inicialmente Policía Federal, Prefectura Naval y Gendarmería, agregándose en 2006 la Policía de Seguridad Aeroportuaria).
Con los roles bien definidos, en ese mismo 2006 el por por entonces presidente Néstor Kirchner, firmó el decreto 727/2006 mediante el cual, 18 años después de sancionada, se reglamentaba la ley de Defensa Nacional.
Trazada la línea de tiempo legislativa llegamos al final de la misma y nos encuentra este 2018 ante la aberración democrática de sepultar los acuerdos políticos existentes mediante un simple decreto y desestimando el debate, la discusión y el diálogo como fuente de inspiración política. A todas luces un manifiesto desapego republicano e institucionalista.
El actual ejecutivo, que encabeza el ingeniero Mauricio Macri, entendió que las circunstancias globales, y locales han cambiado de modo tal que se hace imperioso un cambio de rumbo en torno a la conceptualización de la defensa nacional y la seguridad interior.
Como en la sanción de ley, en 1988, el camino adecuado debió haber sido la convocatoria a todos los espacios políticos para debatir una nueva norma que reemplace a las actuales y vigentes. Este camino se utilizó para la sanción de la ley 24948 de reestructuración de la FFAA y en donde se llevaron a cabo audiencias públicas que terminaron dando forma a la legislación actual.
En términos objetivos, la utilización, en el estado actual, de las FFAA en tareas de seguridad interior, no solamente contradice las normas, como ya se ha mencionado, sino que se da de bruces con la doctrina y las reglas de empeñamiento en la que se forman sus cuadros de oficiales y suboficiales.
El criterio esgrimido es tan pobre como ambiguo. Se puede inferir, entre otras cuestiones, una lectura eficientista del estado. Por cuanto las capacidades ociosas (mirado con el prisma de los focus group) de las FFAA son un gasto inútil al que habría que buscarle alguna función.
La misma reflexión podría emplearse para el uso de una ametralladora en la persecución y muerte de insectos. ¿Alguien cree que es una buena idea utilizar una ametralladora para matar moscas, por el solo hecho de justificar su tenencia? Es una pregunta retórica para todos, menos para quienes conducen los destinos del país. Podrían inferirse dos motivaciones más; en primer lugar presupuestaria.
El cambio de roles asignados a las FFAA reduce sus capacidades y sus hipótesis de empleo. Es decir, no es la misma inversión que requiere la dotación de recursos materiales para una hipótesis de conflicto convencional, interestatal, que la inversión requerida para un combate de baja intensidad o consecución del crimen organizado. Para que la comparación sea más gráfica, no es lo mismo adquirir un submarino para reemplazar el hasta hoy perdido ARA San Juan que una pequeña lancha patrullera litoraleña para ser desplegada en el noreste del país.
Como segunda posibilidad, y por los antecedentes complacientes con otras potencias que tiene este gobierno nacional, cabe pensar en alguna recomendación de otros países con cierta influencia en el presidente Macri, para el empleo de las FFAA en la lucha contra el narcotráfico.
Algunos datos. El principal fogonero de esta iniciativa ha sido los EEUU, históricamente, a través la embajada en nuestro país.
Casualmente, EEUU prohíbe, expresamente, el empleo del instrumento militar dentro de su territorio, salvo, claro está, en el caso de alguna agresión estatal externa. Como elemento extra, agrego, que al Reino Unido de Gran Bretaña esta noticia debió agradarle en buena medida, toda vez que, casualmente, la semana pasada ese país flexibilizó las restricciones de compra de insumos militares de origen británico que pesaba sobre nuestro país desde que las tensiones subieron en torno a la disputa sobre la soberanía de las Islas Malvinas.
Por último, y no como dato menor, conviene recordar que algunos países de Latinoamérica han ensayado con el empleo de las FFAA contra objetivos del narcotráfico y los resultados han sido devastadores para la sociedad.
Muertes, secuestros, extorsión y corrupción de las unidades de combate han sido el crudo resultado de la improvisación y la falta de criterio. Aparentemente, el gobierno de Macri se ha impuesto el desafío de probar recetas que han fracasado estrepitosamente en otros países, incluso en el nuestro.
Algunos datos que nos harán reflexionar sobre el origen de estas viejas (nuevas) ideas: el General Pasqualini, Jefe del estado mayor del Ejército está casado con la hija de Athos Renes, implicado en la masacre de Margarita Belén, en Chaco. Esto no representaría ningún inconveniente, salvo un mal antecedente familiar, lo grave es que la esposa del jefe del Ejército milita en las filas de Cecilia Pando, una recalcitrante defensora de la última dictadura cívico-militar.
Las casualidades no son tan casualidades; las causalidades son las que provocan incertidumbre y temor por lo que vendrá.