La Justicia ordenó al ministerio de Desarrollo Social restablecer las pensiones por discapacidad en todo el país, en lo que constituye el primer fallo en este sentido a nivel federal. El fallo dispone además la creación de una causa federal que agrupe a todos los reclamos en el territorio nacional.
La titular del Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº8, Adriana Camaratta, hizo lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad y ordenó restablecer las pensiones de forma “inmediata“, en aquellos casos en que hayan sido suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”.
La medida cautelar ordenó “en forma inmediata” que se “restablezca el pago de las prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las personas con discapacidad residentes en todo el territorio de la República Argentina que fueron dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso”.
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Desde la asunción de Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley comenzó a dar de baja pensiones no contributivas por invalidez valiéndose de un decreto del menemismo de 1997. En junio de este año, los recortes generaron una ola de repudios que se visibilizó durante una masiva marcha en el obelisco, donde personas con discapacidad y organizaciones que las representan reclamaron contra la política discriminadora del ministerio, que finalmente dio marcha atrás con la medida, aunque a la mayoría de los afectados no le habían devuelto la pensión.
La medida de la justicia se da en la semana que el Gobierno crea la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que funcionará en el ámbito de la Secretaría General de Presidencia y se ocupará de las políticas destinadas a las personas con discapacidad y del otorgamiento de pensiones por invalidez, entre otras.
Mediante el decreto 698/2017, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno informó que la nueva agencia “tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad”.
