El gobierno nacional impulsa un programa para que autores de delitos menores adictos a las drogas se sometan a tratamientos de recuperación en lugar de ir a prisión, y de esta manera reducir el porcentaje de reincidencia, informaron fuentes oficiales. Se trata de una iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que busca implementar en el país el modelo de Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD).
En la Argentina cerca de la mitad de los presos reinciden. Por eso buscan una alternativa al encarcelamiento, ya que en lugar de imponer una sentencia convencional de prisión, establecen un programa de tratamiento general contra la adicción a quien haya cometido el delito, basado en una “estricta supervisión” judicial y bajo una lógica “no adversarial”, es decir, de no enfrentar al acusado y, en cambio, ayudarlo.
En un seminario realizado para visibilizar este tema, Santiago Otamendi, secretario de Justicia de la Nación, afirmó: “La gran dificultad política es cómo bajamos ese designio técnico a la realidad, a la comunicación, a la ciudadanía, que pareciera que está pidiendo otra cosa. Es difícil hablar de alternativas de encarcelamiento hoy en día”, reconoció el funcionario.
Un informe del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia publicado en diciembre de 2015 reveló que “tres de cada diez detenidos cometió el delito bajo los efectos de droga y/o alcohol”, y que un 16% “reconoció que consume drogas dentro del penal”.
A su vez, el funcionario dijo que “más de la mitad de los presos entrevistados vieron consumir a otros” y “el 40% indicó que quienes ingresan drogas al penal son los familiares”, según se dio a conocer en el informe.
Este programa contempla delitos menores y no violentos, como contra la propiedad, el robo o el hurto simple, y están destinados a aquellos delincuentes que se encuentren en una situación de uso, abuso o adicción a las drogas, informó a Télam una técnica que participa en la elaboración del proyecto. Las características fundamentales de los TTD son la suspensión del juicio a prueba y, en lugar del acceso a una “probation”, el autor del delito puede pedir su inclusión en el programa para someterse voluntariamente al tratamiento.
Quienes participan del programa son sometidos a diversos estudios para evaluar el grado de adicción, y es el juez del Tribunal quien determina si aquella persona debe ser internada en un centro de rehabilitación o si puede continuar un tratamiento de tipo ambulatorio. Durante el período de suspensión del juicio, se evalúa el resultado del tratamiento y si éste es satisfactorio, el Tribunal declara extinguida la acción penal.
