Comenzó a regir el 1 de este mes el nuevo cuadro tarifario en el servicio de Aysa, con un alza esperada del 23 por ciento que se suma a los incrementos de la electricidad en febrero y marzo y del gas en abril. En conjunto, vienen impulsando el índice de inflación por encima de la pauta que quiere instalar el Gobierno. El impacto en las boletas se sentirá cuando finalice el bimestre mayo-junio.
Junto a las subas en el precio del servicio de agua, el Gobierno pretende avanzar en un cambio en el sistema de medición del servicio de Aysa, desde la cuota fija actual ligada a las características catastrales hacia la micromedición del consumo.
La empresa ya se puso plazos para completar la instalación de medidores en el sector no residencial. Para el sector residencial la idea es cobrar por nivel de consumo. Las autoridades de Aysa se reunieron días atrás con las asociaciones de consumidores, quienes advirtieron sobre los problemas que implicaría avanzar en la instalación de medidores sin un profundo proceso de concientización y en ausencia de un esquema de facilidades de la inversión de los usuarios para suplir deficiencias estructurales de las viviendas.
La empresa justifica el aumento tarifario del 23 por ciento con respecto a los valores actuales a partir de la necesidad de cubrirse frente a una inflación del 17 por ciento (según la previsión del Banco Central) más un 6 por ciento adicional destinado a la inversión en la expansión del servicio.
Las entidades de consumidores se manifestaron en contra de la suba propuesta y enfatizan que el agua en un servicio esencial que no puede estar sujeto a los valores del mercado. En Aysa responden con los números de la tarifa social, beneficio en el que están inscriptos 250 mil usuarios.
El aumento en la tarifa vendrá acompañado por cambios en el método de cobro. Del total de 3,2 millones de boletas bimestrales que emite Aysa, hay 400 mil usuarios no residenciales (comercios e industrias y otro tipo de empresas) de los cuales el 50 por ciento está bajo el régimen de consumo medido. En cambio, de los 2,8 millones de usuarios residenciales apenas el 12 por ciento tiene medidor. Bajo ambas modalidades la factura cuenta con un cargo fijo y otro variable.
El objetivo de Aysa es avanzar hacia un esquema en donde el consumo medido gane cada vez mayor participación en la boleta. La intención es controlar el derroche de agua y solucionar problemas clásicos de la facturación de agua como es el caso de los inmuebles de grandes dimensiones con muy bajo nivel de consumo que son castigados con el alto importe de las boletas.
Aysa propone establecer un único cargo fijo para todo tipo de usuarios de 87 pesos por bimestre más IVA por cada servicio (agua y cloacas), de modo que la porción fija de la boleta se ubicaría en unos 220 pesos. El cambio sería inmediato para los usuarios no residenciales de consumo medido, mientras que en noviembre se extendería al resto de los usuarios. Estas modificaciones le permitirían a Aysa ir reduciendo con el paso del tiempo la incidencia del cargo fijo en la boleta para que gane preponderancia el cargo variable.
Además, comenzará una intensa campaña de instalación de medidores del consumo de agua. El objetivo es que para fines de 2019 todos los usuarios no residenciales estén bajo el régimen de medidor.
