La representante para Argentina de Unicef, Florence Bauer, advirtió que “meter muchos menores en las cárceles no nos garantizará una sociedad con mayor seguridad” ya que, en las actuales condiciones “no van a salir mejor, resocializados, sino peor”.
“Las tasas de reincidencia llegan a un 70 por ciento, según un estudio mundial de Harvard. Por eso decimos que esa no es una forma más eficaz de lograr lo que todos queremos, que es vivir de modo más seguro”, dijo Bauer en una entrevista con Télam. Dijo que es necesaria una nueva Ley Penal Juvenil “acorde con los estándares internacionales, pero sin bajar la edad de imputabilidad penal” ya que, a su entender, “hay mucha evidencia en el mundo de que ese no es el camino”.
“En Centroamérica se registran los índices de delito más altos del mundo y hay allí varios países que rebajaron la edad a 10 y 12 años. En Trinidad Tobago la pusieron en 7 y sin embargo no se solucionó el problema”, ejemplificó. Por el contrario, “Argentina, con los 16 años vigente, es dentro de la región uno de los países con menor incidencia del delito infanto juvenil”, sostuvo Bauer, una francesa que desde hace dos años está al frente de la oficina local de la agencia de Naciones Unidas para la Infancia.
“Hay mucha evidencia de que si un chico ha vivido en ambientes muy violentos o que abandonó la escuela secundaria, o no tuvo salud ni recreación, tiene más probabilidad de vincularse con el delito”.
La funcionaria internacional respaldó de todos modos la iniciativa gubernamental para sancionar un nuevo Régimen Penal Juvenil que reemplace a la norma de la dictadura, y destacó la participación del organismo en las ocho mesas de dialogo técnico convocadas por el Gobierno durante este mes. “Es muy bueno este debate, pero creo que hay que darle un tiempo porque no hay recetas mágicas. Para empezar, el Gobierno debería formular un proyecto de ley que recoja esos consensos. Creo que fueron convocados todos los actores, pero no sé si están participando todos. Por eso creo que no hay que apurar este proceso”, precisó.
“Faltan datos para formular políticas públicas . Según las estadísticas de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, el 3,6 por ciento de los delitos investigados pueden ser adjudicados a adolescentes de hasta 18 años. Y en ese universo, el 12 por ciento son delitos graves y el resto son delitos contra la propiedad. Me preocupa que se esté culpabilizando tanto a los adolescentes por los problemas de seguridad cuando, en realidad, son mucho más víctimas que victimarios.”
La especialista de Unicef pidió que se abra a la comprensión real y completa del tema de la infancia. “Se necesita una ley penal juvenil sin bajar la edad de imputabilidad. No hace falta bajarla. Hay que comprender que las medidas más represivas en los adolescentes no son las que garantizan la mayor seguridad. El Estado debe buscar la reinserción y la resocializacion, no la represión”.
