El Ministerio de Seguridad bonaerense inició un proceso administrativo contra los 58 jefes policiales que no entregaron sus declaraciones juradas en tiempo y forma. El trámite durará unos cuatro meses y al final de ese proceso los policías podrán ser exonerados o sancionados.
En el esquema de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, siempre estuvo la idea de que las declaraciones juradas seas exigidas por una ley provincial. Por eso envió el año pasado al Senado provincial el proyecto de ley para obligar a los funcionarios políticos del gobierno y a comisarios y subcomisarios de la Policía Bonaerense a presentar sus respectivas declaraciones juradas patrimoniales.
Entre quienes sí presentaron las declaraciones juradas figura la de Néstor Omar Martín. Tiene siete propiedades en la ciudad de La Plata, cerca de dos millones de pesos ahorrados y hasta un helicóptero experimental de uno de los 24 miembros de la cúpula de la Bonaerense, un hombre encargado de administrar la caja más importante de la fuerza: la Superintendencia de Coordinación Operativa, un área sensible dedicada a conferir las horas extras (Cores) y adicionales (Polad) de los más de 90 mil hombres que forman parte de la Policía de Buenos Aires.
