Luego del anunciado cierre de la empresa Dánica en Llavallol, efectivizado el pasado 1 de enero, trabajadores de la compañía denunciaron que los directivos del grupo cordobés Beltrán, dueños de Dánica Llavallol, fingieron un cierre definitivo para despedir a sus 150 trabajadores y ahora intentan reabrir la planta.
En octubre de 2024 Beltrán anunció el cierre definitivo de Dánica. Antes de eso, y según una nota publicada en el portal tugremio.com.ar, convocaron a los delegados y al secretario general del Sindicato Aceitero de Capital, Diego Kañe, a una reunión. Allí comunicaron su intención de realizar una drástica reducción de personal, proponiendo despedir a más de 50 trabajadores. Esta propuesta fue rechazada por el cuerpo de delegados, mientras que Kañe optó por no expresar ninguna opinión.
La empresa ofreció un plan de retiros voluntarios, que no obtuvo los resultados esperados. En ese momento, y según denuncian ahora los ex trabajadores, “abandonaron el diálogo con los delegados y avanzaron con un acuerdo con Kañe para ejecutar un falso cierre, estrategia que ya habían utilizado un año antes con Dánica San Luis, la cual permaneció cerrada durante seis meses.”
Dánica ofreció indemnizaciones en cuotas, amenazando a quienes no aceptaran con despedirlos bajo el artículo 247. “Por miedo o agotamiento tras cinco años de lucha, muchos trabajadores aceptaron el acuerdo. Sin embargo, un grupo, conformado por delegados y miembros de la comisión directiva, se negó y fue despedido mediante telegrama”, denuncian.
“Nuestra posición es clara: de reabrir la planta daremos la batalla necesaria por la reinstalación de todos nuestros compañeros que fueron engañados y estafados”, dijeron.
El dato llamativo denunciado por los trabajadores despedidos es que algunas personas cercanas a Diego Kañe –dirigente del sindicato de Aceiteros-, que tampoco aceptaron la propuesta de la empresa, no recibieron telegramas de despido.
Ante los pedidos de respuestas Kañe respondió dijo que “la gente que se fue lo hizo porque no estuvo dispuesta a pelear, haciendo responsable del cierre a sus propios compañeros, cuando no hubo plan de lucha y solo quisieron salvar su bolsillo”, denuncian los operarios cesanteados.
“Ahora pretende abrir las puertas de la fábrica estafando a sus trabajadores, sin pagar indemnizaciones, haciendo firmar a los trabajadores hojas en blanco frente a escribano público, amenazándolos de ser demandados por daños y perjuicios si realizan las denuncias, la entrega de la federación aceitera, el sindicato y los socios comerciales cómplices de esta estafa”, dicen los trabajadores cesanteados.