El Gobierno Nacional declaró la Emergencia de Seguridad Pública en todo el territorio de la Argentina por el término de un año, con el objetivo de revertir la “situación de peligro colectivo” creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico, en una resolución que incluye un fuerte control del espacio aéreo.
La medida, que puede ser prorrogada al término de los 365 días de plazo que establece el decreto, va en sintonía con las metas esenciales que estableció el Presidente Mauricio Macri de luchar contra el narcotráfico y otro tipo de delitos graves.
El decreto especifica delitos tales como producción, tráfico y comercialización de estupefacientes (Ley 23.737), de contrabando de armas y contrabando de estupefacientes (Ley 22.415), los relacionados con las actividades de una asociación ilícita calificada (artículo 210 bis del Código Penal) o con una asociación ilícita terrorista (artículo 41 quinquies del mismo Código).
Del mismo modo los relativos a las asociaciones ilícitas (artículo 210), organizadas para cometer delitos con fines políticos o raciales, los de fraude contra la Administración Pública (artículo 174, inciso 5°) y contra la Administración Pública (todos del Código Penal) y los delitos de prostitución de menores y pornografía infantil (artículos 125, 125 bis y 128), de financiación del terrorismo (artículo 306) y de extorsión (artículo 168, todos del Código Penal), los previstos en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario) y de trata de personas (Ley 26.364).
El decreto incluye la polémica iniciativa de “derribo” por medio de la aprobación de Reglas de Protección Aeroespacial, cuya autoridad de aplicación serán las FFAA, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo Argentino. Serán declaradas “hostiles” aquellas naves, cuando tengan entidad suficiente para “perturbar, poner en riesgo o causar un daño” en el territorio nacional.
Al resécto, el ex Secretario de Seguridad nacional y hoy senador bonaerense, Sergio Berni, criticó la medida en CN23: “En Argentina, por los tratados internacionales y la Constitución Nacional, está prohibida la pena de muerte. Y la Ley de derribos de aviones es una pena de muerte sin juicio previo”.
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