La fiscal de segunda instancia Gabriela Boquín dictaminó favorablemente al pedido de los trabajadores de la cooperativa “La Cresta” para que se declare nula la venta de la avícola “Cresta Roja”, empresa avícola radicada en Esteban Echeverría, y se les permita gestionarla.
La fiscal se pronunció en relación a un recurso de apelación de la cooperativa contra la resolución de abril de 2020 que desestimó el pedido de los trabajadores para gestionar la avícola ante “los graves incumplimientos para con los trabajadores de quien la tenía a su cargo, Avícola Tres Arroyos S.A”.
“En el caso, con el rechazo del planteo efectuado por la Cooperativa se deja de analizar por la jueza interviniente (Valeria Pérez Casado), las graves irregularidades denunciadas por la Cooperativa, las que son tomadas por esta Fiscalía como punto de partida”, señaló Boquín en su dictamen de 67 páginas.
La firma administradora de “Cresta Roja”-Wade S.A., parte del Grupo Tres Arroyos- solicitó la quiebra en diciembre de 2015, que pocos días después fue concedida por el juzgado interviniente.
Un día después de otorgada la quiebra se concretó una audiencia en la que funcionarios de la por entonces flamante gestión macrista, tanto de la provincia de Buenos Aires como de la Nación, señalaron el interés de hacerse cargo de la firma, con el compromiso del Ministerio de Trabajo de brindar asistencia a los empleados que quedaran sin trabajo en el nuevo esquema.
Para aclarar el “interés” estatal en el proceso concursal, la fiscal envió un oficio a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para que determine el rol de los funcionarios “con una participación activa, más o menos velada, de ciertos representantes estatales, en un manifiesto conflicto de intereses”.
La fiscal apunta a que días después de la quiebra apareció una sociedad interesada en adquirir “Cresta Roja”, “Proteinsa”, que finalmente se hizo cargo de la firma e incumplió el compromiso de pagar los salarios caídos y no producir despidos.
También solicitó participar en la gestión de la aviaria la empresa Wade del grupo Tres Arroyos, que fue habilitada hasta hoy. “Se aplica una excesiva rigurosidad para imponer reglas concursales a la cooperativa de trabajo que denuncia el fraude, pero se conceden excepciones a quien es la mayor responsable de que (los trabajadores) no hayan cobrado íntegramente sus créditos”, advirtió la fiscal.
Boquín añadió que “estamos ante un procedimiento totalmente atípico y cuestionable, en el cual la a quo autorizó la continuidad de la actividad de la fallida primero a través de un tercero en calidad de ‘operador’, figura no contemplada en la ley, y luego en cabeza de Proteinsa SA como adjudicataria” tras lo cual se sumó Wade S.A.
Además de solicitar a la PIA que investigue, la fiscal ante la Cámara Comercial solicitó la intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), ante la posibilidad de que se hubiera aprovechado la crisis de “Cresta Roja” para lavar dinero.
