El femicidio de Úrsula Bahillo por su ex- pareja, un policía de la Bonaerense que tenía denuncias por violencia de género y una restricción perimetral, no es un caso aislado. Al menos 48 mujeres fueron víctimas de femicidios en los últimos diez años en el Área Metropolitana de Buenos Aires tras ser atacadas por sus parejas o exparejas miembros de fuerzas de seguridad
Cuando el agresor pertenece a la fuerza policial, el miedo a la denuncia y a la desprotección se acentúa. Además, muchos de estos crímenes fueron cometidos con el arma que el Estado les otorgó para combatir el delito.
Según el informe elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que se puede acceder a través de la plataforma digital “violenciapolicial.org.ar”, estos crímenes “son una parte importante de las muertes de mujeres en hechos de violencia institucional”.
De las 48 mujeres asesinadas entre 2010 y agosto 2020, 17 eran funcionarias de seguridad.
Para el CELS, la portación del arma reglamentaria las 24 horas “pone en riesgo a las mujeres que conviven con funcionarios de seguridad”, ya que “en los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar”.
El informe también remarcó que “existen prácticas de encubrimiento de las muertes cuyos responsables integran las fuerzas de seguridad” dado que, “como auxiliares de la justicia, las policías controlan los primeros momentos de la escena del hecho, lo que significa que pueden falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para hacerla coincidir con su versión”.
Y añadió que “en los últimos años, la creciente incorporación de mujeres a las fuerzas de seguridad y la visibilización social de la violencia machista han llevado en distintas jurisdicciones a la creación de oficinas cuya misión específica es atender esta problemática”.
En tanto, esta nueva plataforma del CELS recaba información sobre casos de violencia policial cometidos desde 1996 e incluye, además de los femicidios, datos estadísticos, historias, “ejecuciones”, hechos bajo custodia y con personal fuera de servicio, y represión con armas “menos letales”.
“En los últimos años, la cantidad de personas muertas en hechos de violencia con participación de fuerzas de seguridad descendió levemente”, señaló el CELS y detalló que en cuanto “a les particulares, esta tendencia comenzó luego de un pico en 2014”.
“Respecto de les funcionaries, hace más de quince años que el número se mantiene relativamente estable. De acuerdo con los datos hasta agosto de 2020, en ambos grupos persiste un núcleo de muertes que el Estado no pudo reducir”, se explicó.
Por ejemplo, en lo que se midió de este año se registraron 72 muertes de particulares y 9 de funcionaries en el Área Metropolitana, cuando en 2002 fue de 317 y 108, respectivamente.
De acuerdo a la descripción que consta en la introducción de la plataforma, ésta “reúne datos actualizados sobre lesiones y muertes producidas por las fuerzas de seguridad argentinas para contribuir a monitorear sus intervenciones y orientar políticas de seguridad desde una perspectiva de derechos humanos”.
